Los sindicatos ya exigen la «posreforma» laboral apenas días después de la aprobación de la norma

Los sindicatos siguen fieles al guion que han venido telegrafiando durante las negociaciones de la reforma laboral y, apenas unos días después de la aprobación en el Congreso del documento por tan solo un voto, ya hablan abiertamente y sin recato de introducir modificaciones relativas al despido, con la meta clara de encarecerlo, lo que restauraría la rigidez en el mercado de empleo español.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió este lunes al Gobierno que abra una mesa de diálogo social para abordar todo lo que no se ha tocado en la reforma laboral, especialmente lo que tiene que ver con las causas y las indemnizaciones por despido y con el despido colectivo. «Esto se tiene que revisar», planteó sin ambages.

Durante las negociaciones para sellar el acuerdo de la reforma laboral, el sindicato ya había mostrado su voluntad de endurecer el despido. “La causalidad en el despido no puede seguir por la vía en la que está, porque en este país se puede despedir por cualquier cosa», había afirmado Álvarez categórico. Y fue más allá al asegurar que UGT no ha renunciado a elevar los costes del despido, volviendo a los 45 días de indemnización para los despidos improcedentes. «Pero vamos primero a comer y luego pensemos en cenar”, dijo entonces, en referencia a los términos pactados en la reforma recién aprobada, manifiestamente desfavorables al empleo temporal, pero con claras miras de «posreformar» el texto acordado entre los agentes sociales -Gobierno, patronal y sindicatos- a la primera de cambio.

Estos temores vienen siendo palpables antes incluso de la aprobación de la norma. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya dejó la puerta abierta a que se pudieran aplicar modificaciones a posteriori en una entrevista radiofónica la semana pasada. «Si nosotros vemos que hay cosas que necesitan ajustes pues en fin… uno no puede decir que jamás…», indicó, en un guiño público a los sindicatos. La CEOE ya albergaba preocupación por esta postura revisionista en el seno del Gobierno bajo el paraguas de una legislación posterior, lo que llevó a su presidente, Antonio Garamendi, a advertir de que se saldrán del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez si «se toca una coma» del texto.

Anteriormente, el mismo Sánchez había insistido en que incluso la derogación de cualquier aspecto de la reforma laboral de 2012 se realizaría una vez alcanzado el acuerdo en el diálogo social y con el visto bueno de la CEOE. Por tanto, la línea del Gobierno era la de incluir la visión de la patronal en cualquier pacto de este tipo. El viraje que da el Gobierno con estas insinuaciones ante la presión de los sindicatos resquebraja el consenso social y mina la credibilidad de la palabra del Ejecutivo, una vez confirmado el acuerdo de la reforma laboral en sede parlamentaria.