El sector del autobús emprenderá acciones legales contra el Gobierno por los abonos gratis de tren

• Andrea Aguado @AguadoRobles
• Redactora de economía y coordinadora de OKMOTOR. Amante de las cuatro ruedas y la industria. Antes en informativos de Radio Televisión Castilla y León.
• • 18/07/2022 06:45
  • Actualizado: 18/07/2022 08:25

La nueva medida del Gobierno de bonificar al 100% todos los abonos que dependan de Renfe a partir del 1 de septiembre ha caído como un jarro de agua fría en el sector del autobús, que ya está trabajando con sus departamentos jurídicos para emprender medidas legales al considerar que se trata de un agravio comparativo. En concreto, los trenes gratis de Pedro Sánchez provocarán que en el cuarto trimestre del año las empresas de transporte colectivo por carretera registren un descenso de sus ventas de hasta el 30%, aunque en algunas rutas la cifra podría ser incluso mayor.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al proceso en conversaciones con este diario que han señalado que «los departamentos jurídicos de las empresas ya estudian si esta medida interfiere en materia de competencia para el normal desarrollo de las actividades del sector, de ser así se tomarán las decisiones necesarias para evitar que la bonificación al 100% de los abonos de tren beneficien a unos pocos, pero perjudiquen a muchos».

Las citadas fuentes explican que «en caso de que esta nueva medida, dentro del plan del Gobierno para hacer frente a la inflación, interfiera en la competencia de ambos sectores y el Gobierno no bonifique al 100% del transporte público se optará por la vía de realizar una reclamación patrimonial al Estado -como las que se pusieron en marcha por el estado de alarma- por el impacto negativo en las cuentas de las compañías del sector del autobús».

«La medida da un tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen y por otro, prima a un modo de transporte frente al autobús, que es el transporte que más viajeros mueve y mayor número de poblaciones conecta diariamente en nuestro país», critican.

Motivos por lo que consideran que el Ejecutivo está incurriendo en una práctica que puede suponer competencia desleal de un operador público frente a muchas empresas privadas, que prestan el servicio público de transporte.

«Con el agua al cuello»

Una medida que llega tras dos años sufriendo los efectos derivados de la crisis del coronavirus y después de que el sector del autobús no haya logrado recuperar los niveles previos al impacto de la crisis del coronavirus pese al incremento de la demanda en los meses de verano. Una situación a la que hay que sumar el aumento de los precios de los combustibles que han disparado los costes de las empresas.

«El encaramiento de los carburantes y el aumento de costes de las empresas está afectando gravemente al sector, ya que las compañías de transporte colectivo por carretera arrastran un situación muy complicada derivada del impacto de la crisis del coronavirus. Si no hay más ayudas y el contexto actual no mejora, habrá quiebras y despidos antes de que finalice el año», avisan las citadas fuentes.