Saracho quiere que el comprador del Popular pague 1.000 millones más de lo que vale en Bolsa

A pesar de que en varias ocasiones lo ha negado por activa y por pasiva, la realidad es que el nuevo presidente del Popular ha puesto el cartel de “se vende” iniciando una subasta en la que las grandes entidades financieras del país pujarán para absorber el banco. El problema es el precio: el importe que pide Emilio Saracho es casi 1.000 millones superior a lo que vale la entidad en Bolsa.

En concreto, la capitalización del Popular al cierre del mercado del pasado viernes era de 3.017 millones de euros y el presidente ha filtrado que su deseo es lograr que los interesados lleguen a ofrecer 4.000 millones de euros. Esto supone una prima del 33% respecto al valor de mercado y permitiría a los accionistas del banco compensar buena parte de las pérdidas contabilizadas en 2016.

Esta prima del 33% podría quedarse incluso corta, según los cálculos de los bancos de inversión, que apuntan a que lo ideal sería que el sobreprecio que pagara el eventual comprador fuera un 40% a la cotización actual de los títulos del Popular para garantizar al comprador digestión de la entidad debido a sus pérdidas ocultas derivadas del elevado volumen de activos inmobiliarios que tiene en el balance y cuyo valor ni siquiera el consejo de administración conoce con exactitud.

Todo dependerá de las desinversiones que realice el nuevo equipo gestor liderado por Saracho e Ignacio Sánchez Asiaín. Se podría incluso producir primero una ampliación de capital para luego aceptar un proceso de integración amistoso, ya que ninguno de los potenciales compradores está dispuesto a pagar una prima tan elevada a los accionistas del Popular para hacerse con el banco.

El pasado abril, en su primera intervención ante los accionistas tras tomar posesión del cargo el pasado 20 de febrero, Saracho culpó a las nuevas exigencias regulatorias de las necesidades de capital que tiene el Popular, eludiendo la gran cuestión de fondo: cómo la gestión del anterior máximo responsable del consejo de administración, Ángel Ron, ha dejado al banco a las puertas del abismo financiero.

“Resolver la ecuación es harto difícil sin acudir al mercado (…) una nueva ampliación de capital solo debe hacerse en un sustrato de fuerte confianza, con transparencia en gestión e información. Será ineludible que previamente definamos necesidades a cubrir y las perspectivas de negocio que la sustenten, resistiendo la prueba del tiempo. Decidiremos la magnitud, el momento y las formas de estas actuaciones“, dijo Saracho tras admitir que la fusión con otro banco es un escenario que contempla a corto plazo.

En la batalla para adquirir el Popular el primero de lista es BBVA, que ha presentado una muestra de interés no vinculante para absorber la entidad financiera y poner así punto final al culebrón de la compra de la entidad, que lleva gestándose desde diciembre de 2015. Y aunque parecía que Santander se había bajado del carro, lo cierto es que el banco que preside Ana Patricia Botín ha contratado a Citi para estudiar una oferta que podría arrebatar de las manos de Francisco González al Popular.

El tercero en discordia es CaixaBank, que ha jugado al despiste hasta que hace dos días se ha confirmado que la entidad que preside Jordi Gual no descarta entrar en la puja. El banco está centrado en el proceso de digestión de la entidad financiera portuguesa BPI, pero no quiere dejar de pasar una oportunidad de afianzar su liderazgo en España, un mercado en el que supera a BBVA y Santander.

A todos ellos se suma Banco Sabadell, cuyo presidente, Josep Oliú, sueña con participar en el baile de fusiones del sector financiero español como comprador, en lugar de ser candidato a ser absorbido por otra entidad.

La sorpresa de la semana ha sido el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, sumando Bankia a la lista de candidatos a comprar el Popular, a pesar de que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri está a las puertas de integrar a Banco Mare Nostrum (BMN), en lo que supondrá la fusión de los dos bancos que están en manos del Estado (el FROB tiene más del 60% del capital).