Santander y Blackstone refinancian su inmobiliaria por la sobrevaloración de los activos de Popular

Banco Santander y Blackstone están negociando la refinanciación de su inmobiliaria conjunta, Quasar, que agrupa los activos provenientes del antiguo Banco Popular. Esta medida proviene de la mala evolución de la compañía (perdió 1.853 millones en 2020) a pesar de la fuerte recuperación del mercado inmobiliario, algo que se explica por la sobrevaloración con que se traspasaron a Quasar en 2018. Esta circunstancia se ha visto reforzado con las últimas revelaciones judiciales en el caso Popular.

Según fuentes conocedoras de la situación, ambas partes están negociando una modificación del crédito sindicado de 7.300 millones concedido por Morgan Stanley y Deutsche Bank con que echó a andar Quasar. De momento, se va a ampliar su plazo, que inicialmente era de cinco años.

Algunas de las fuentes explican que Blackstone quiere refinanciar con la misma valoración que dio Santander a los activos, para evitar posibles riesgos legales en el futuro, y que el alargamiento del plazo obedece a la lentitud de las ventas de los inmuebles por la citada sobrevaloración y al deseo de cubrirse ante posibles subidas de tipos.

Quasar se creó para que Santander sacara de su balance los activos tóxicos (inmuebles y crédito promotor) de Banco Popular; por eso Blackstone se hizo con el 51% del capital mientras que el banco que preside Ana Botín se quedó con el 49%. Pero cuatro años después, las ventas no arrancan y el propio Santander ha rebajado el valor de Quasar en sus cuentas en 1.000 millones.

El BCE y el Banco de España dan argumentos a Blackstone

La instrucción de la presunta falsedad contable de Banco Popular en la Audiencia Nacional da fuerza a la tesis de que los inmuebles traspasados a Quasar estaban sobrevalorados.  Uno de los inspectores del BCE destinados en Popular, Ignacio Pardo, declaró que la entidad presentaba una gran cantidad de créditos refinanciados calificados en situación normal (la mayoría a promotores inmobiliarios) y que debían considerarse morosos, lo cual provocaba un déficit de provisiones «significativo y material» -1.824 millones en 2014- que le habría obligado a apuntarse pérdidas y a reducir sus niveles de capital. El BCE también detectó un importante agujero en las dotaciones para inmuebles adjudicados.

Los peritos del Banco de España designados por el juez José Luis Calama remitieron en la última semana de 2021 un informe en el que detectan «multitud de errores, defectos y deficiencias, tanto cualitativas como cuantitativas, en el reconocimiento y valoración de los adjudicados en las cuentas anuales de 2016».