Sánchez va a ingresar desde la pandemia un 23,4% más en impuestos mientras el PIB sólo aumenta un 11,5%

Durante 2022 hemos asistido en España a una recaudación fiscal que supera todos los registros históricos, cifra que se pretende incrementar, ya que los ingresos tributarios presupuestados para 2023 superan las cifras de 2019, anteriores a la pandemia, en casi 50.000 millones, lo que representa un 23,4% de aumento, mientras en el mismo periodo el PIB ha subido un 11,5%. Este es el resultado de la combinación de un aumento de las principales figuras impositivas así como del efecto de la inflación, que se situó en diciembre en el 5,6% en términos anuales, pero que en junio estaba en torno al 10%. Esta es una de las principales conclusiones del informe sobre competitividad fiscal de la economía española presentado ayer por el Instituto de Estudios Económicos, dependiente de la patronal empresarial CEOE.

En nuestro país, las medidas de incremento de los tributos al ahorro y a las empresas se pretenden justificar -junto con el objetivo de corregir el déficit- en una imaginaria diferencia de presión fiscal con la media de la Unión Europea, además de pretextos para alcanzar una mejor redistribución de la riqueza argumentando que los grandes patrimonios pagan pocos impuestos, afirmaciones que están lejos de la realidad.

De acuerdo con el IEE, una de las peores decisiones que puede tomar el Gobierno para reducir el déficit en un momento como el actual es la de subir los impuestos. Estos incrementos «deprimen la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que necesitamos, y deterioran las expectativas de los agentes provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar la recuperación».

En cuanto a las consideraciones relativas a la diferencia entre la presión fiscal en España y la de la media de la UE, esta no existe en la actualidad, ya que los continuos aumentos en la recaudación hacen que los ingresos presupuestados para 2023 superen las cifras de 2019, anteriores a la crisis del Covid, en casi 50.000 millones, lo que representa un 23,4% de incremento, mientras que, en el mismo periodo, el PIB ha crecido menos de la mitad: un 11,5%.

Estos datos suponen una sólida vuelta de tuerca sobre la presión de la Hacienda Pública, que alcanzó un 42,1% en 2022, superando la media de la Unión Europea en un momento de gran incertidumbre económica. Este incremento de recaudación se ha producido, fundamentalmente, al aumentar los tributos a las empresas y a los grandes patrimonios cuando lo cierto es que tanto la tributación empresarial como la imposición sobre el ahorro se sitúan entre las más altas de los países de nuestro entorno a pesar de las repetidas manifestaciones en sentido contrario, afirman los autores del informe.

Si hacemos el análisis del porcentaje de recaudación total que viene de las empresas, y siempre según Eurostat, la proporción de ingresos que en España procede de las compañías es considerablemente superior a la media europea, ya que los que aportan las sociedades respecto al total es, en España, del 32,5%, mientras que en la media de la eurozona es del 23,9%.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation relativo al Impuesto sobre Sociedades, España exhibe una presión fiscal normativa sobre el Impuesto de Sociedades un 23,7% más elevada que la media de la Unión Europea y un 22,2% superior a la del promedio de la OCDE. Se ha producido un empeoramiento frente a los resultados de 2020, donde nuestro país mostraba una presión fiscal normativa en dicho impuesto un 22,1% mayor que la de la Unión Europea, y más aún desde los de 2019, cuando la diferencia era de un 16%. La consecuencia es que la situación relativa de España empeora «y hemos pasado de la posición 22 de los 36 países analizados en 2019, en cuanto a competitividad de su Impuesto sobre Sociedades, hasta la posición 32 de 38», según los resultados del estudio.

Respecto a la tributación sobre el patrimonio y sobre las rentas altas, estas también están por encima de la media de la UE en un 40,8%; de hecho, solo Italia nos supera en esta clasificación, tal y como se aprecia en el gráfico adjunto.

En conclusión, de cara al futuro, y una vez que hayamos dejado atrás la presente crisis, «es prioritario recuperar la credibilidad y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas», aseguró ayer Gregorio Izquierdo, director general del IEE durante la presentación del informe. Pero ello «solo será posible cuando se acometa nuestra gran reforma estructural pendiente, la de optimizar la eficiencia del gasto público, y nunca a través de subidas impositivas que comprometan el crecimiento y, por lo tanto, la consolidación presupuestaria ulterior».

De hecho, gran parte del gasto público estructural no se debe tanto a mejores prestaciones públicas a los ciudadanos sino a mayores ineficiencias. Solo con homologarnos en eficiencia del gasto con la OCDE podríamos ofrecer los mismos servicios públicos actuales con un 14% menos de gasto, y, de implantarse en el país las mejores prácticas, los ahorros podrían ser mucho mayores.

«En un momento de profunda crisis como el presente, y más aún en una economía abierta y con movilidad de factores como España, la única forma de aumentar con garantías nuestra recaudación impositiva pasa por favorecer la recuperación de la actividad. Para ello nuestro objetivo debería ser disponer de una fiscalidad competitiva y homologada con nuestro entorno para favorecer el crecimiento, la inversión empresarial y el empleo, lo cual pasa por mitigar nuestra excesiva tributación del capital, en general, y sobre la empresa, en particular, que es justo lo contrario de lo que algunos, equivocada e inoportunamente, plantean», aseguró ayer el presidente del Instituto, Íñigo Fernández de Mesa.