Sánchez hunde la libertad económica y empresarial: España cae al puesto 31 de los 38 de la OCDE

La libertad económica en España se ha hundido desde 2018. Así lo demostraba el Instituto de Estudios Económicos (IEE) con su último informe, que indicaba que España, respecto al Índice de Libertad Económica (ILE), ha pasado de ocupar el puesto 28 al 31 de los 38 países de la OCDE. El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha presentado este lunes el informe «La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2025», donde se recogen los resultados del índice, elaborado por la Fundación Heritage y adaptado al contexto español.

En el ILE de este año, España se sitúa entre los países desarrollados con menos libertad económica, ocupando la posición 31 de los 38 países de la OCDE, con un nivel de libertad económica inferior en un 7% al promedio de los países desarrollados.

Por otro lado, el informe señala que la libertad de empresa en nuestro país «está ligeramente por encima del promedio de la OCDE, pero muy alejada (en un orden de un 11%) de las posiciones de liderazgo dentro de los países más desarrollados», lo que impacta negativamente sobre la rentabilidad de las empresas y «condiciona su capacidad para invertir en innovación, crecimiento y mejora de la productividad, factores todos ellos que configuran la base de la competitividad a largo plazo».

En este sentido, el Excedente Bruto de Explotación (EBE), que mide la capacidad de las empresas para generar riqueza, «representa ahora menos del 42% del PIB frente el 44% de 2018».

Igualmente, el informe ha señalado que entre las variables que más nos penalizan se encuentran el gasto público y el persistente desequilibrio fiscal, «que derivan del tamaño excesivo del Estado».

«Entre los países de la OCDE, España ocupa el puesto 33 de 38 en términos de salud fiscal, con un elevado déficit estructural, una deuda pública creciente y una presión fiscal que afecta tanto a empresas como a familias.»

La libertad económica cae en España

Las condiciones en las que se encuentra el Estado español limita su capacidad para responder a crisis, bajar impuestos y desincentiva la inversión privada. Respecto al gasto público, su excesivo peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB), en relación a nuestro nivel de renta, obstaculiza «el desarrollo del sector privado, distorsiona la asignación de recursos y debilita los incentivos a la productividad. Esta expansión del aparato estatal no solo genera ineficiencias, sino que también compromete la sostenibilidad fiscal a largo plazo».

Finalmente, el IEE ha subrayado que la libertad económica y de empresa «es el motor del crecimiento, la innovación y el bienestar en las economías avanzadas».

«Los países que protegen estos principios canalizan mejor sus recursos, generan empleo de calidad y logran mayor prosperidad social. En el contexto actual, caracterizado por una creciente complejidad institucional y tensiones geopolíticas, la libertad económica cobra una relevancia estratégica», ha señalado el organismo.

El IEE pide revertir el deterioro experimentado en el ranking de facilidad inversora, en el que España se sitúa en el puesto 20 de entre los 38 países más avanzados. Ha concluido que esta caída «refleja un entorno menos favorable para la inversión empresarial, con mayores restricciones regulatorias y menor seguridad jurídica».