Sánchez es el empresario con trabajo más precario: 7 de cada 10 empleos públicos son temporales

Pedro Sánchez no deja de cargar contra el empleo precario y el abuso de la temporalidad. Pero el Estado se ha convertido en el empresario con trabajo más precario: siete de cada diez nuevos empleos públicos son temporales. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acaba de desvelar que las administraciones públicas han creado 96.400 empleos a lo largo de 2021. Y que, de todos esos empleos, el 67 por ciento es de carácter temporal, según ponen de manifiesto los últimos datos extraídos de la Encuesta de Población Activa.

El análisis de CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, prueba que en el último año se han realizado 64.700 contratos temporales públicos.
El resumen de la situación es el siguiente: hay 1.076.299 trabajadores de las Administraciones Públicas en situación de temporalidad, lo que supone una tasa del 30,9 por ciento, 11,6 puntos por encima del sector privado. Además, se da la circunstancia de que el 70 por ciento de estos contratos temporales corresponde a mujeres, lo que pone también en evidencia que la precariedad bajo el Gobierno de la supuesta defensa del feminismo se está cebando especialmente en las mujeres.

Desde CSIF señalan que “las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario y continúen abusando de la contratación temporal”. El sindicato ha elevado ya la denuncia y afirma que “no puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe la ciudadanía, dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica”.

Educación y la Sanidad

Por este motivo, desde CSIF reclaman el desarrollo de la Ley 20/2021 para estabilizar el empleo en todas las administraciones y de manera específica en la Educación y la Sanidad, sectores que requieren una adaptación específica a su legislación. “Estos procesos deben ofrecer seguridad jurídica y garantizar el principio de equidad para evitar que se produzcan situaciones lesivas para los aspirantes”, apuntan desde CSIF.

Es necesario, además y según el sindicato, «agilizar las convocatorias para que el proceso de estabilización en las Administraciones Públicas acabe con la desorbitada temporalidad en el sector público y ésta no supere la cifra máxima del 8%». CSIF también ha manifestado su preocupación porque las comunidades autónomas están convocando procesos selectivos en Sanidad y Educación sin esperar el desarrollo de la Ley, por lo que no se aplicarán los nuevos criterios de estabilización.