Sánchez dispara un 51% en el último año los impagos de su administración a pymes y autónomos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado en un 51,6% la cifra de impagos a los proveedores de la Administración central en el último año, hasta los 886 millones de euros. Lo normal es que estos proveedores sean principalmente pequeñas empresas y autónomos, lo que dificulta aún más la situación que están viviendo las pequeñas compañías y los autónomos por el incremento de los impuestos por parte del Ejecutivo y por la crisis de los precios energéticos y de materiales.

De acuerdo con los datos publicados por Hacienda, hasta el 30 de septiembre el Ejecutivo acumula 886 millones de euros en facturas sin pagar a sus proveedores, lo que supone el citado 51% más que en la misma fecha de 2020. En ese momento, la deuda de los organismos que forman la Administración central con sus empresas proveedoras era de 584 millones de euros. En lo que va de año, las facturas sin pagar del Gobierno han crecido en un 21%, ya que a cierre del año la deuda registraba 728 millones de euros.

La empresa más morosa es RTVE, que acumula a cierre de septiembre facturas sin pagar por valor de 49 millones de euros.

Se trata de un golpe más para las pequeñas empresas y autónomos que trabajan con la administración. En estos momentos ya están pasando por una situación difícil debido al aumento paulatino de los impuestos -ahora las cotizaciones-, y por el fuerte incremento de los costes de producción, como la electricidad o incluso la gasolina.

Suben costes de producción

Los costes asociados a la energía han crecido en un 59% y los bienes intermedios, un 17%, según un informe de BBVA Research. El resultado es que, por ejemplo, el Coste Laboral Unitario -la ratio entre la remuneración de asalariados y la productividad- se ha incrementado en un 3% en el tercer trimestre del año. Mientras, el precio de lo que se produce domésticamente solamente avanza un 1,5%.

Esto quiere decir que las empresas españolas están asumiendo el incremento de los costes y que no lo están aplicando a los precios de venta de sus productos para evitar un mayor aumento de la inflación. Hasta octubre, el IPC interanual se ha incrementado en un 5,5% -la que no tiene en cuenta la energía sube un 1,5%-, lo que puede hacer que el consumo nacional se retraiga.

Para evitar esa disminución en el consumo, las empresas prefieren de momento no aplicar esas subidas a los precios de sus productos, aunque ya han anunciado en muchos casos -la hostelería- que tendrán que hacerlo para sobrevivir. Esperan a que esa inflación sea transitoria y los precios vuelvan a su nivel habitual, lo que supone asumir un riesgo importante por su parte si se suben los salarios y se crea más inflación.

En definitiva, la situación para las empresas y autónomos es propia de una bomba de relojería: aumenta lo que les debe la Administración pública, aumenta el coste de la producción, pero no están subiendo los precios de los productos y están asumiendo en sus cuentas de resultados los mayores gastos.