RTVE reabre el incendio de las oposiciones con una promoción interna de casi 200 plazas

Vuelven a bajar las aguas revueltas en RTVE a costa de su política de personal. La nueva promoción extraordinaria de personal para 180 plazas impulsada por la Corporación ha vuelto a situar la política de recursos humanos de la cadena pública de la corporación en el centro de la polémica, después de la crisis de la filtración de las oposiciones, que sigue sin resolverse en los juzgados.

Lo que la dirección de RTVE presenta como un mecanismo para dar respuesta a situaciones laborales pendientes ha sido recibido por varios sindicatos de la cadena pública como un proceso que puede comprometer los principios de mérito, capacidad y seguridad jurídica que deben regir el empleo público.

Aunque su finalidad declarada es facilitar la promoción profesional del personal interno, distintas organizaciones sindicales sostienen que las bases de la convocatoria «introducen elementos que alteran el equilibrio existente en anteriores procesos y generan una amplia discrecionalidad» en aspectos esenciales de la selección.

Entre las críticas figura una de especial relevancia. Según los comunicados difundidos, las pruebas previstas en la convocatoria no tienen carácter eliminatorio. Esta circunstancia permitiría que el peso de los méritos acumulados durante la vida laboral resultara determinante incluso cuando las diferencias de conocimiento entre aspirantes fueran muy significativas.

Los sindicatos críticos sostienen que este diseño puede alejarse del modelo habitual en los procesos selectivos de RTVE y advierten de que incrementa el riesgo de impugnaciones judiciales.

Un departamento bajo escrutinio

La negociación de estas bases vuelve a colocar el foco sobre la Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, dirigida por Ana Cerrada.

Su departamento ya estuvo en el centro de la crisis provocada por la suspensión de las oposiciones de RTVE tras la filtración de parte de los exámenes, un episodio que obligó a paralizar un proceso que afectaba a miles de aspirantes y cuya gestión continúa siendo objeto de debate.

Tras aquella crisis, RTVE encargó una auditoría externa a KPMG con el objetivo de analizar el desarrollo del proceso y detectar posibles fallos organizativos. El contrato fue adjudicado por un importe superior a los 86.000 euros.

Hasta la fecha, el contenido íntegro de ese informe no ha sido difundido públicamente, una circunstancia que sigue alimentando las peticiones de transparencia formuladas desde distintos sectores de la representación sindical y de la política.

Más allá de las discrepancias sobre unas bases concretas, el conflicto refleja un problema más profundo.

Diversos representantes de los trabajadores consideran que RTVE necesita redefinir su política de recursos humanos mediante procedimientos plenamente objetivos, transparentes y previsibles, especialmente en aquellos procesos que afectan a la promoción profesional y al acceso a categorías superiores.

La cuestión no es únicamente quién obtiene una plaza, sino si las reglas ofrecen suficientes garantías para que cualquier trabajador perciba que el resultado responde exclusivamente al mérito y la capacidad.

Ese debate, lejos de cerrarse con la convocatoria extraordinaria, vuelve a situar la gestión del personal como uno de los principales frentes abiertos de la radio televisión pública.