Ron descarta irregularidades en la ampliación de 2012 del Popular: «El folleto era claro y transparente»

El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, ha descartado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz que se cometiesen irregularidades en la ampliación de capital realizada en 2012 al tiempo que ha defendido que el folleto en el que se recogían las condiciones de la misma era «absolutamente claro y transparente».

En declaraciones a los medios, Ron ha señalado que en su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha explicado que fue el Banco de España el que pidió al Popular que hiciese «un reforzamiento de capital». «Y lo hicimos: sometimos el plan a la autorización del Banco de España y de la Comisión Europea, que nos la dio, y se ejecutó», ha añadido.

Fue en ese momento cuando la ampliación «se ejecutó». «Y todos los que invirtieron en aquella ampliación de capital tuvieron durante cuatro años precios de cotización tres años y medio superiores al momento de aquella compra», ha continuado. Por último, Ron ha incidido en que la operación de 2012 «fue aprobada con la no oposición del Banco de España, que propuso a su comisión ejecutiva precisamente» la aprobación de la ampliación de capital sobre la que el juez pone el foco.

Sin embargo, Ron ha declarado como imputado por dos querellas contra esa operación que Pedraz admitió al considerar que se pudo incurrir en «omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores».

Fuentes jurídicas han explicado que en su declaración judicial, en la que solo ha contestado a preguntas de su defensa y de Fiscalía, Ron ha defendido que los propios miembros del Consejo de Administración del Popular desembolsaron 520 de los 2.500 millones de euros totales. A este respecto, el ahora expresidente ha afirmado que nadie invierte su dinero en una operación de este tipo si su pretensión es perpetrar una estafa.

Además, Ron ha asegurado que los propios consejeros pudieron obtener cuantiosos retornos porque la acción se duplicó en pocas semanas y mantuvo su precio por encima del de la ampliación hasta la resolución del banco en 2017, lo que suponía una elevada rentabilidad también para el resto de inversores. Por otro lado, en su declaración también se ha referido a la adquisición por parte del Popular del Banco Pastor. Fue, ha defendido, una decisión tomada con información suficiente, a través de un proceso ordenado y sin conflicto de intereses.

En este sentido, el expresidente ha señalado que la adquisición, que se financió con sus propios recursos, fue autorizada por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por los accionistas del propio Popular.

Esta es una de las cuestiones sobre las que indaga el juez. En una de las querellas se apuntaba que el Consejo de Administración del Banco Popular era conocedor de que si proyectaba al mercado la realidad de la situación de la empresa, la ampliación de capital de 2012 no alcanzaría los resultados deseables para lograr la inyección de dinero con la que «parchear» su crítica situación, de forma que decidieron alterar la imagen fiel de la entidad.

Y esto se habría realizado especialmente, detallan los denunciantes, tras la integración de las cuentas de Banco Pastor en Banco Popular, con la finalidad de dar una apariencia de solvencia cuando en realidad se estaba, apunta la querella, ante una entidad ruinosa. Este mismo miércoles el juez Pedraz también ha tomado declaración como investigado al que fuera vicepresidente de la entidad con Ron, Roberto Higuera. Su comparecencia, según apuntan otras fuentes consultadas por esta agencia, se ha extendido por espacio de media hora.

En la misma, Higuera ha defendido que todas las operaciones se realizaron de forma correcta al tiempo que ha recordado que las cuentas anuales de 2012 -año en el que se absorbió el Banco Pastor- fueron auditadas por la consultora PwC, solicitando a su vez contraste a Deloitte. Esta ronda de declaraciones, las primeras desde que el juez Pedraz admitió a trámite las querellas, se completará precisamente este jueves con la comparecencia en sede judicial de PwC y el auditor de esta última, José María Sanz.