PwC evita ‘in extremis’ el registro de su sede entregando al juez sus seguros de responsabilidad del Popular

La auditora PwC (PriceWaterhouseCoopers) se ha librado de que la Guardia Civil registre su sede central en Madrid por orden del juez José Luis Calama. La firma ha mandado in extremis las pólizas de seguro que el magistrado le exigía en la causa por la ampliación de capital del Banco Popular de 2016, y para cuyo envío le había dado un ultimátum de dos días el martes pasado.

Estas pólizas cubren la responsabilidad civil en caso de que PwC y sus socios Pedro Barrio Luis y José María Sanz Olmeda -auditores del Popular cuando se produjo la operación supuestamente fraudulenta- sean condenados en el juicio sobre estos hechos y haya que indemnizar a los perjudicados. Calama había requerido en tres ocasiones estas pólizas a la auditora.

Sin embargo, los documentos aportados por la auditora no dejaban claro qué período de tiempo cubrían (debían cubrir los ejercicios 2015 y 2016) y presentaban contradicciones entre el original en inglés y la traducción al español. De ahí que el pasado 17 de septiembre el juez diera un plazo de dos días para aclarar el período cubierto y presentar las pólizas válidas.

El envío de las mismas se produjo este jueves, según fuentes conocedoras de la situación, con lo que PwC se ha librado del registro por la Guardia Civil, algo que habría salido en todos los medios de comunicación y le habría causado un daño reputacional enorme.

Las fuentes citadas explican que la intención de los jueces cuando dan estos ultimátums no es realmente que la Guardia Civil entre en la sede de una empresa, sino que el interpelado «se ponga las pilas y haga las cosas como es debido» después de varios intentos fallidos, que es lo que ha ocurrido en el caso de PwC. De hecho, el magistrado también advertía a la firma de que, si no aportaba los documentos, también podía imputarle un delito de desobediencia.

PwC, por su parte, achaca este embrollo a un error tipográfico en la traducción al español de la póliza de seguros original, que está redactada en inglés. Pero desde la auditora explican que no hay ningún problema con esos seguros, que todo está en orden y que cubren el período exigido por el juez Calama.

1.500 millones en juego

La cuestión de la responsabilidad civil es uno de los grandes caballos de batalla de esta causa, ya que hay 1.500 millones de euros en juego (la ampliación fue de 2.500 millones, pero el Banco Santander resarció mediante bonos a miles de afectados por valor de unos 1.000 millones).

El juez Calama entiende que tanto el Santander, comprador del Popular y heredero de sus obligaciones, como PwC como auditor pueden ser condenados a hacer frente a la misma, por lo que les ha requerido estos seguros para cubrirla. El Santander sí presentó en tiempo y forma los suyos.

No obstante, esta posibilidad dependerá de lo que entienda la Fiscalía. Calama dictó en marzo auto de procedimiento abreviado y ha sentado en el banquillo al expresidente del Popular, Ángel Ron, a parte de su cúpula y al auditor, PwC, por delitos de estafa a inversores y falsedad contable. Una vez que la Sala ha tumbado los recursos de Ángel Ron -ex presidente del Popular- y de otros afectados, está pendiente de los escritos de calificación (petición de penas) de la Fiscalía y las acusaciones particulares, así como de las peticiones de sobreseimiento de las defensas. Será en ese escrito donde el fiscal determine quién debe hacerse cargo de esa responsabilidad.

Como adelantó OKDIARIO, el banco que preside Ana Botín se ha puesto en manos de un ex juez del Supremo José María Blanco Saralegui, actual counsel del despacho de Uría Menéndez, para tratar de librarse de hacer frente a esa cantidad.

El Santander ya ha intentado en varias ocasiones durante la instrucción quedar exonerado de las posibles indemnizaciones, pero esta petición ha sido rechazada hasta ahora. El principal fundamento de la defensa del banco es una sentencia del Tribual de Justicia de la UE de mayo de 2022 que determinaba que los accionistas del Banco Popular que acudieron a la ampliación de 2016 no tienen derecho a ser indemnizados por el Santander por las pérdidas sufridas en la resolución del banco, ya que prevalece el interés superior de mantener la estabilidad del sistema financiero sobre el interés particular de los accionistas afectados.