Los presupuestos de 2023 se prorrogarán hasta 2024 con el mismo gasto expansivo pero menos ingresos

Los presupuestos del Estado para 2023 se prorrogarán forzosamente hasta 2024 por la obligada convocatoria de elecciones generales en noviembre del próximo año. Esto agravará los problemas de déficit y de deuda pública, ya que los gastos se consolidarán mientras los ingresos sufrirán una notable desaceleración por el menor crecimiento económico, el repliegue de la inflación y el progresivo agotamiento de los fondos europeos. 

El Gobierno ha aprobado una intensa expansión del llamado gasto social en 2023 por medio de una revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas del 8,5%, una mejora salarial de los empleados públicos entre un 2,5% y un 3,5%, un incremento del ingreso mínimo vital incluso a mayor ritmo que el de los precios, la prórroga de la bonificación de los abonos de transporte público, un aumento en 102 millones para el llamado bono social térmico y la extensión un año más de la ayuda de 250 euros al alquiler de vivienda para jóvenes.

Gran parte de estas medidas, que suman 267.000 millones, el mayor dispendio de la historia, corren el riesgo de incrustarse peligrosamente en el presupuesto y convertirse en estructurales. La prórroga automática de las cuentas públicas en 2024 convertirán este gasto en una auténtica losa para el nuevo Gobierno que salga de las urnas. Si no hay sorpresas de última hora con un adelanto electoral, y el Ejecutivo de coalición entre el PSOE de Sánchez y Podemos consigue agotar la legislatura, las Cortes Generales tendrán que ser disueltas en noviembre y el próximo Ejecutivo que obtenga el respaldo de la mayoría de las Cámaras se constituirá como muy tarde a comienzos de 2023.

El nuevo equipo, o bien tendrá que hacer un presupuesto exprés, que duraría apenas unos meses -teniendo en cuenta la dilatada tramitación legislativa-, o podría recurrir a aprobar modificaciones presupuestarias puntuales porque el déficit público va a ser inevitablemente mayor del previsto, impidiendo la reducción de la deuda pública. «El problema que se planteará en 2024 es que los gastos van a ser inflexiblemente altos mientras los ingresos, que ya están inflados en las previsiones de 2023, pueden recorrer una tendencia aún peor el ejercicio siguiente», según todos los expertos consultados.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estimado un aumento de los ingresos fiscales del 7,7% para el año próximo, pero la previsión de crecimiento económico que sostiene «a medias» este incremento de la recaudación se ha quedado desfasada nada más nacer. El 2,1% de subida del PIB que defiende la vicepresidenta Calviño está muy por encima de todos los cálculos realizados por los servicios de estudios de las entidades financieras y de las consultoras de este país, la OCDE la reduce apenas al 1,5% y ayer el FMI dio un nuevo mazazo a Sánchez al fijar una magra expansión de la actividad económica de apenas el 1,2%.

Adicionalmente, la mayor parte de los ingresos fiscales con que cuenta Hacienda provienen del efecto arrastre de la inflación -el IRPF y el IVA están creciendo actualmente a ritmos del 17% y esto tiene su inercia-, pero ya en 2023 esta se va a desacelerar hasta el 6%, según cree el Gobierno y, en 2024 la tasa de incremento de los precios puede ser sensiblemente menor como consecuencia de la intensa desaceleración económica que el conjunto de las instituciones descuenta para el año que viene y el próximo. La consecuencia es una previsible ampliación del déficit y de la deuda pública.

La mayoría de los economistas piensa que se está produciendo una sensación ficticia  de exuberancia fiscal con ingresos que son eminentemente transitorios. O por decirlo de otra manera, duda de que lo que se está recaudando ahora resista con el frenazo económico que se avecina. Esto les lleva a criticar severamente los presupuestos para 2023. «El Gobierno debería haber aprovechado la situación de crisis -inflación desbocada, tipos de interés al alza, encarecimiento de la financiación pública y privada- para iniciar el proceso de consolidación fiscal -ajuste presupuestario- que le viene reclamando ininterrumpidamente el Banco de España y la Comisión Europea», asegura Ricardo Martínez-Rico, presidente de la consultora Equipo Económico.

En la última reunión de agosto de Jackson Hole, que reúne a los banqueros centrales de los países desarrollados, se lanzó el mensaje claro de que la política fiscal debía ayuda a la política monetaria. Las consecuencias de no seguir esta recomendación, según dichos responsables de la autoridad monetaria, es que las subidas de tipos de interés serán más profundas y duraderas, y las turbulencias financieras muy frecuentes.