Elecciones Generales 2019

Pensiones, déficit, empleo y seguridad jurídica: retos económicos urgentes tras el 28-A

Pensiones, déficit, deuda, empleo o seguridad jurídica para las inversiones. Los asuntos que arrastra la agenda económica desde hace varios años por la situación política deberán tomar protagonismo en una nueva legislatura, que arrancará en mayo, marcada por la desaceleración económica.

Urgencias económicas que aguardan al nuevo Gobierno.
Urgencias económicas que aguardan al nuevo Gobierno.

Después de acudir en los últimos cuatro años tres veces a las urnas, los españoles han elegido a Pedro Sánchez para liderar un nuevo Gobierno de pactos. Una batería de reformas urgentes en materia económica esperan al próximo Ejecutivo en un momento de desaceleración. Los expertos señalan la sostenibilidad de las pensiones y el cumplimiento del déficit tras casi un año perdido como lo más acuciante. Pero hay más: contener la desaceleración de la economía y el empleo, restablecer la seguridad jurídica -rota en sectores como la vivienda- y vigilar la productividad deberán ser asuntos de primer orden.

Déficit y gasto público

En 2009, el déficit público llegó a rozar el 11%. Tras años de subidas fiscales, esfuerzos salariales y un ajuste del gasto público de 4,5 puntos, el déficit se ha ido rebajando hasta cerrar en 2018 en el 2,48%. Al mismo tiempo, la deuda pública ha ido aumentando. Pese a que en relación al PIB el pasado año bajó hasta el 97,1% gracias al crecimiento económico, en términos nominales permanece disparada y en niveles récord. Cada español debe hoy 25.102 euros de dinero público (574 euros más que un año antes y 16.698 euros más que en 2007). Los expertos consideran vital consolidar esa senda de rigor fiscal e incluso acelerarla para sanear las finanzas públicas antes de que el Banco Central Europeo (BCE) cambie su política de tipos de interés y vuelva a encarecerse la financiación de esa ingente cantidad de deuda. En ese sentido, la directora general del IEE, Almudena Semur, reclama una reforma del Estado que mejore la "eficiencia del gasto" e incluya decisiones drásticas como la "supresión de empresas públicas".

Pensiones

Con un déficit también profundo, la reforma de la Seguridad Social es otro asunto urgente para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. "Cada vez hay más déficit en el sistema porque las pensiones son cada vez mayores y el número de pensionistas aumenta más que el número de ocupados", recuerda el profesor del IE Business School, Rafael Pampillón. Sin embargo, la fuerza electoral que representa este colectivo complica una reforma con miras a largo plazo. Mientras el Pacto de Toledo quedó muy dañado en la última legislatura, el gasto en pensiones sigue marcando récords, el último en abril con 9,598 millones de euros.

Empleo y productividad

"La evolución del empleo y los salarios es procíclica y va con retraso frente al crecimiento. Pero ahora están dando una señal clara de que estamos ante un final de ciclo que no ha estado muy presente en los programas electorales de los partidos políticos", advierte el economista e investigador principal del Think Tank Civismo, Javier Santacruz. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos la pasada semana muestran un crecimiento del empleo del 0,75% en el trimestre, frente al esperado del PIB del 0,5 o 0,6%. Se acumula así ya un año entero en que el crecimiento del PIB es inferior al del empleo, una tendencia con un impacto directo en la productividad, que bajó en 2018. Economistas y empresarios coinciden en la necesidad de impulsar de nuevo la productividad y ahondar en la flexibilización del mercado laboral que se inició en 2012, pese al rechazo de los partidos de izquierdas a tomar medidas en esa dirección.

Seguridad Jurídica

Por último, lanzar el mensaje de que la seguridad jurídica está garantizada en España es vital para la economía. No solo por las ilegalidades que se han cometido en Cataluña, también por los mensajes confusos y decretos improvisados que han marcado el último año. Desde los ataques al diésel, hasta los decretos de la Vivienda (que han hecho que en los últimos cuatro meses en España hayan casi convivido tres escenarios normativos distintos para el alquiler). Aclarar los temas regulatorios es prioritario. "La seguridad jurídica es importantísima para los inversores. No se pueden aprobar decretos que afectan a los costes de las empresas a mitad de año, ni hacer saltar por los aires las reglas del juego como ha ocurrido con las transmisiones patrimoniales o el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD)", concluye Almudena Semur.

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