Multa de Bruselas: no equivoquemos el mensaje

La decisión de la Comisión Europea de no imponer una multa a España por haber excedido el tope acordado para el déficit fiscal del año pasado es razonable y acertada. El límite pactado era de 4,2% del PIB pero el resultado final fue de 5%.

Cerca de dos tercios de la desviación se explican por factores extraordinarios. Por ejemplo, gastos para la atención de la Hepatitis C y la devolución de parte de la paga extra quitada a los funcionarios en 2012. También hubo rebajas de impuestos con un impacto neto de casi 5.000 millones de euros. Sin esos factores extraordinarios, el resultado habría sido de 4,4%, lo que supone casi haber cumplido la meta acordada.

La Comisión ha debido tener en cuenta al menos otros dos datos. Uno, que pese a la desviación, España acumula seis años consecutivos con reducciones del déficit público (excluyendo las ayudas a las cajas rescatadas). Otro, que el gasto público (sin contar los intereses de la deuda) permanece constante desde 2012 y es ahora inferior al de 2008 (Rajoy es el único presidente de la democracia española que lo redujo).

Con estos antecedentes, haber multado a España habría significado un despropósito. Más aún si tenemos en cuenta que ningún otro país fue multado antes. Y no es porque no haya habido incumplimientos: desde que utiliza el euro como moneda, Grecia nunca tuvo un déficit acorde con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (3%). Entre otros, Alemania tuvo cinco años con déficits mayores al 3% (de 2001 a 2005) y Francia está en esa situación desde 2008.

Que se haya evitado la multa no quiere decir que el problema del déficit fiscal esté resuelto. Al contrario, la primera prioridad del nuevo gobierno (cuando sea que se constituya) debería ser la eliminación del desequilibrio público lo más rápidamente posible. En 2016 el mismo rondará los 40.000 millones de euros, millones que se sumarán a una deuda pública que ya equivale a casi al 100% del PIB. Haber evitado la multa debe interpretarse como un signo de confianza en que España seguirá reduciendo el desequilibrio público y no como ninguna otra cosa.

La eliminación del déficit fiscal es imprescindible para que la deuda pública deje de crecer y por eso es algo que interesa al conjunto de la sociedad. Además, esa eliminación puede ser compatible con la prosperidad general. Por ejemplo, desde el lado de los ingresos públicos, se pueden promover reformas que estimulen oportunidades de inversión y empleo hoy reprimidas (desregulación de servicios profesionales, farmacias, horarios comerciales, etc.). Desde el lado del gasto, debería realizarse un presupuesto “base cero” en todos los niveles de la administración pública. Con ese método, que pone bajo la lupa cada renglón del gasto, es seguro que aflorarían muchos millones de ahorros.

Que España no haya sido multada es algo que debería alegrarnos a todos. Sin embargo, si eso conduce a olvidar la necesidad de eliminar el déficit fiscal se estaría cometiendo un gran error. Y la multa que hoy nos perdonan nos será impuesta más adelante. No equivoquemos el mensaje de Bruselas.

Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados. Su cuenta de Twitter es @diebarcelo.