Montero se ceba con la gran empresa: Sociedades solo subirá para las que facturan más de 8 millones
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que la revisión del Impuesto de Sociedades que está elaborando el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá como objetivo a aquellas empresas que facturan más de 8 millones de euros anuales. «Tenemos que ser capaces de buscar la posibilidad de establecer un tipo mínimo para las grandes empresas, así como la simplificación de algunas de las reducciones», ha afirmado.
Sólo con la modificación al Impuesto sobre Sociedades el supondrá un incremento de la fiscalidad para los grandes grupos consolidados, aquellos que facturan más de 8 millones de euros anuales. Aunque Montero confía en que habrá consenso entre los grupos parlamentarios, estas reformas, al no tratarse de una nueva figura impositiva, no entrarán en vigor hasta el año que viene. Por ende, se incluirá en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Una vez más, Montero ha querido reiterar que no tiene previsto subir impuestos ni a los ciudadanos ni a los autónomos y pymes, el «gran tejido empresarial» del país.
Recortar el déficit
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra ha querido señalar que recortar el déficit hasta el 2,2% este año, tal y como figuraba en la senda de estabilidad acordada entre Bruselas y el anterior Gobierno, habría supuesto un ajuste de 11.000 millones de euros y habría recortado el crecimiento del PIB en medio punto.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la titular de Hacienda aseguró que la flexibilización del objetivo de déficit pactada con Bruselas, que sitúa ahora el objetivo de este año en el 2,7% del PIB, es una «magnífica noticia», que va a permitir al Gobierno «conjugar la estabilidad presupuestaria con un crecimiento sostenible y con el impulso a la agenda social».
Aunque admitió que los «márgenes son estrechos», Montero afirmó que es «inteligente» acomodar la reducción del déficit con el impulso a unos Presupuestos que hagan ver a los ciudadanos que las instituciones están «a su lado», por lo que rechazó la senda anterior por la «inflexibilidad de unos compromisos imposibles de cumplir». «Se trata de combinar rigor y responsabilidad con la reducción del déficit con la ambición de dar respuesta a las demandas sociales», reiteró.
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