Miedo entre los propietarios de tierras: el Gobierno podrá expropiar terrenos agrícolas para construir nuevas centrales de bombeo

El Gobierno ha tomado una decisión para acelerar el despliegue de las renovables y esto puede perjudicar a propietarios agrícolas que podrían ver sus terrenos expropiados. Esto está recogido en el Real Decreto-ley 7/2026 anticrisis, en el que también se incluye la idea de impulsar las centrales hidráulicas reversibles, o de bombeo, como una de las mejores formas de almacenar energía. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión del Gobierno con las renovables y cómo pueden afectar a los propietarios.

Este Gobierno de Sánchez a la deriva la ha tomado con los propietarios pensando en las próximas elecciones. Los dueños de pisos en alquiler siguen sufriendo las políticas que protegen a inquilinos e inquiokupas, y ahora parece que ha puesto en el punto de mira a la gente que tiene tierras en propiedad. Estos están bajo la amenaza del Ejecutivo por la intención de construir las nuevas centrales de bombeo, que podría suponer la expropiación de miles de propietarios de tierras agrícolas.

El Gobierno, los propietarios y las renovables

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece como objetivo alcanzar 22,5 GW de capacidad de almacenamiento en 2030 y esto pasa por el uso de las centrales hidráulicas reversibles. Por ello, desde el Gobierno se han fijado como objetivo implantar estas centrales de bombeo, que, a diferencia de una hidroeléctrica convencional, funcionan como una especie de batería gigante para administrar la energía.

Es decir, estas centrales de bombeo llevan agua a un embalse cuando hay electricidad de sobra en el sistema y después se acude a ella cuando hay menos demanda porque baja la producción eólica o solar y, por tanto, la energía es más barata. Esta idea suena bien en principio, pero necesita de una cosa importante: terrenos para poder llevar a cabo estas obras faraónicas en los lugares que establezcan los expertos.

Por ello, según informa El Periódico, el Gobierno en este nuevo decreto que está recogido en el Boletín Oficial del Estado ha incluido la declaración de utilidad pública del almacenamiento a través del bombeo y esto quiere decir una cosa: la construcción de esta tecnología satisface el interés general. Esto quiere decir que desde el Ejecutivo tienen justificación para hacer una expropiación forzosa de los terrenos de los propietarios agrícolas con el objetivo de realizar estas infraestructuras. Incluso si los propietarios no están de acuerdo. Según cita este mismo medio, esta obra faraónica «debe ubicarse en los lugares donde resulte técnica y ambientalmente factible, no pudiendo desplazarse de ubicación».

Expropiaciones en Andalucía

Estas expropiaciones del Gobierno a los territorios agrícolas que afectarán a miles de propietarios en España han sido las últimas de una larga lista de normas publicadas por el Ejecutivo que afectan a los dueños de tierra. De una de las últimas informaciones en OKDIARIO, recientemente cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó en el BOE del 21 de enero de 2026 el primer inventario de cauces públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Esta decisión del Gobierno hace que miles de propietarios de fincas rústicas corran el riesgo de perder sus terrenos porque pasan automáticamente a ser considerados dominio público hidráulico. Según informamos en este periódico, la norma que ampara esta actuación es un artículo del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), introducido mediante un Real Decreto de 2023.

Dicho artículo establece que «el inventario de cauces públicos se elaborará a partir de la información cartográfica existente en la cartografía catastral, así como de la información recogida en el campo por el personal de los organismos de cuenca, considerando las características hidrológicas de la cuenca y las referencias históricas y geomorfológicas existentes».