Theresa May impondrá medidas «duras» para sancionar abusos de empresarios

La primera ministra británica, Theresa May, impondrá nuevas medidas «duras», como cuantiosas sanciones económicas, a aquellos empresarios que abusen del sistema y pongan en peligro las pensiones de sus empleados, reveló hoy el dominical The Observer.

La jefa del Ejecutivo planea dar a conocer los detalles de esas normativas en las próximas semanas a raíz del escándalo que ha rodeado a la empresa de construcción y gestión de servicios Carillion, una de las principales proveedoras del Gobierno, que entró hace unos días en «liquidación forzosa con efecto inmediato», al no poder hacer frente a sus deudas.

Esa quiebra podría dejar un déficit en el sistema de pensiones de sus empleados de 900 millones de libras (unos 736 millones de euros), lo que podría afectar potencialmente a 27.500 trabajadores.

Multas a directivos

Entre las propuestas anticipadas por May, la «Premier» incluyó la de asignar al regulador de las pensiones «poderes específicos» para poder emitir multas a directivos de las compañías en aquellos casos en los que se detecten irregularidades.

En el caso de la citada Carillion, varios exdirectivos percibieron pagas significativas y paquetes de remuneración sustanciosos antes del colapso de la compañía.

Esas nuevas normativas se introducirán, según indicó la líder conservadora al dominical británico, a fin de erradicar el comportamiento de «ejecutivos que intentan llenar sus bolsillos poniendo en peligro las pensiones de sus trabajadores, un abuso inaceptable» al que el Gobierno «pondrá fin».

«Con demasiada frecuencia hemos visto a altos directivos llevándose grandes bonificaciones por anteponer de manera descuidada los beneficios a corto plazo al éxito a largo plazo», dijo May al citado periódico.

Según explicó la política tory, los «mejores negocios saben que ésa no es manera responsable de gestionar un negocio y aquellos que lo hagan estarán obligados a dar explicaciones».

La quiebra de Carillion ha tenido graves consecuencias para el Estado británico, que tiene subcontratados con esta empresa muchos servicios públicos, de transporte, educación o sanidad.

En los últimos meses, la oposición laborista ha criticado que el Gobierno haya adjudicado más proyectos públicos a la compañía, que el pasado julio hizo ya una primera advertencia sobre su situación financiera.