Mali y la yihad geoeconómica

Los yihadistas están utilizando diversos instrumentos geoeconómicos para debilitar el gobierno de Mali, controlando cada vez más territorio y financiando con los ingresos procedentes de las materias primas controladas por su ejército sus numerosas operaciones militares de acoso al gobierno.

Malí es un estado africano con una superficie de 1 240 192 km y una población de más de 23 millones de habitantes que carece de salida al mar, por lo que una gran mayoría del suministro de los bienes y recursos energéticos dependen de su abastecimiento vía otros países costeros como Senegal, Guinea, Costa de Marfil y Mauritania. Es uno de los países más ricos en recursos naturales del África Occidental.

Tiene una de las tasas anuales de crecimiento de población más altas del mundo cercana al 3 %, una esperanza de vida de 60 años, uno de los PIB per cápita más bajos del mundo con 910 dólares siendo uno de los países más conflictivos del mundo, ocupando el puesto 153 de un total de 163.

Malí alcanzó su independencia de Francia en 1960 e implantó un régimen socialista. Se nacionalizaron las empresas francesas y se creó la moneda maliense orientando su economía hacia la autosuficiencia agrícola y la industrialización estatal. El comercio se reorientó hacia la URSS y China. Sin embargo, la falta de divisas y la caída del precio del algodón provocaron una gran crisis que terminó con un golpe de estado en 1968.

Tras 23 años de régimen autoritario y una gran dependencia del algodón y del oro, se sufre una larga sequía que junto a la presión del FMI obligan a privatizar la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) y a devaluar el franco CFA en el año 1994.

Francia recupera entonces su influencia económica a cambio de ayuda financiera y se instaura el multipartidismo. El oro desplaza al algodón como primer producto de exportación y se conceden licencias a empresas canadienses y sudafricanas (Randgold, AngloGold). Sin embargo, la minería artesanal, conocida como orpaillage, crece sin una regulación y se convierte en la principal fuente de empleo informal tanto en el norte como en el centro del país.

En marzo del año 2012, un nuevo golpe de estado derroca a presidente electo que fue incapaz de contener la cuarta rebelión tuareg (MNLA). Los yihadistas aprovechan el vacío y ocupan Gao, Tombuctú y Kidal.

Francia lanza la Operación Serval en 2013 y recupera dichas ciudades, pero el norte queda muy fragmentado. El contrabando de oro, tabaco y cocaína se dispara bajo el control yihadista. En dicha década, el Grupo de Apoyo al islam y a los Musulmanes (JNIM, una filial de Al Qaeda) y el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) comenzaron a combinar la violencia armada con la geoeconomía del control de las principales rutas comerciales, los mercados y los recursos naturales como el oro, el litio, el uranio y la bauxita.

Lejos de ser unos meros grupos insurgentes, funcionan como proto estados que imponen impuestos propios, zakat, gestionan el contrabando de oro, tabaco y drogas, y regulan el acceso al agua y a los pastos, convirtiendo la economía de guerra en una herramienta de gobernanza geoeconómica.

El asedio económico a Malí no es solo interno; tiene una clara dimensión externa impulsada por Argelia y, en menor medida, por los intereses de los qataríes y de los turcos. Argelia, que comparte más de 1.300 km de frontera con el norte de Malí, ha tolerado históricamente la presencia de líderes yihadistas en su territorio a cambio de que no atenten contra sus propios intereses.

Al mismo tiempo, ha bloqueado sistemáticamente cualquier solución militar decisiva en el norte de Mali que reclaman los tuaregs desde el año 2012, promoviendo acuerdos de paz como el de Argel de 2015 que congelaron el conflicto y mantienen a Malí muy débil y dependiente. Esta estrategia permite a Argelia preservar su influencia regional y evitar el surgimiento de un vecino fuerte que pueda reclamar liderazgo en el Magreb o disputar los recursos energéticos existentes en la zona.

Un componente clave de esta yihad geoeconómica es el control del oro que se extrae de forma artesanal. Malí es el cuarto productor de oro de África, 70 toneladas de oro en 2024 y gran parte de su extracción se realiza en yacimientos informales del norte y centro del país.

Los grupos yihadistas imponen peajes a los mineros, controlan las pistas de aterrizaje clandestinas y lavan el oro a través de los Emiratos Árabes Unidos y de Dubái. Según las estimaciones de la ONU, entre los años 2018 y 2022 circularon ilegalmente más de 100 toneladas de oro maliense valoradas en más de 5.000 millones de dólares, gran parte de ellas financiando directamente a JNIM y EIGS. Este flujo incesante convierte al oro en el «petróleo» de los yihadistas del Sahel.

La expulsión del embajador francés y la salida de las tropas francesas en el año 2022, operación Barkhane y la llegada de mercenarios rusos de Wagner no hicieron más que reconfigurar el tablero sin romper el asedio. La salida de Francia y la misión de paz de la ONU (MINUSMA) en los últimos años ha dejado un vacío de seguridad que han aprovechado los grupos armados para expandir su control territorial.

Desde entonces Wagner se centró en proteger las minas industriales concedidas a empresas rusas de mineras oro en Kayes y de litio en Bougouni y en combatir a los yihadistas que amenazaban esos intereses, pero dejó intactas las redes de contrabando que benefician tanto a JNIM como a los oficiales corruptos del ejército maliense.

El embargo de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, impuesto entre enero y julio de 2022 tras los golpes de estado agravó la crisis alimentaria y disparó la inflación al 30 %, demostrando que Malí sigue siendo muy vulnerable a las sanciones externas que castigan a la población, pero no ayudan nada a desmantelar las estructuras yihadistas.

El asedio geoeconómico a Malí combina el control territorial yihadista de recursos, la complicidad o inacción de vecinos como Argelia, el flujo incontrolado del oro y armas, y la incapacidad de las sucesivas juntas militares de Bamako para romper el ciclo. Lejos de ser un conflicto puramente religioso o étnico, la guerra en Malí se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo la economía ilícita y la geopolítica regional pueden mantener a un País en un estado de fragilidad permanente, donde la soberanía queda reducida a un concepto retórico mientras los verdaderos beneficiarios son las redes transnacionales terroristas que operan al margen de cualquier bandera.

Esta dependencia combinada con las escasas rutas seguras, la porosidad fronteriza o las largas distancias por la propia extensión del país, impiden un control efectivo por unas fuerzas armadas muy limitadas e insuficientes, haciendo que los asedios a varias localidades hayan sido constantes.

Ciudades como Gao, Tombuctú o Leré, ya habían sufrido bloqueos, pero la capital Bamako y sus inmediaciones se consideraban un área segura hasta la fecha actual. Francia ha comunicado a sus 4.300 nacionales que abandonen Mali cuanto antes.

Desde hace años la organización terrorista JNIM controla amplias zonas rurales de Malí, así como de todo el Sahel. En sus áreas de influencia impone la sharia, cobra impuestos, controla el tráfico de drogas, explota las minas artesanales de oro y gestiona el comercio del ganado. JNIM ejerce un gobierno paralelo, mientras que la Junta Militar controla los grandes núcleos urbanos.

El pasado mes de septiembre de 2025 JNIM anunció una nueva fase de la guerra, anunciando un bloqueo de la capital. La organización señalo que atacaría a todos los convoyes que se dirigieran hacia Bamako, centrando sus objetivos en los camiones cisterna que transportarán combustible.

Este bloqueo que se inició en áreas periféricas del país cercana a zonas fronterizas, se ha ido estrechando constantemente sobre la capital produciéndose ya ataques a menos de 50 kilómetros de Bamako, una cercanía consolidada que en ningún otro momento del conflicto iniciado en 2012 se había producido.

JNIM no solo ataca, asesina e incendia las columnas de camiones, también extrae el combustible para su propio abastecimiento y para revenderlo. El bloqueo se ha convertido en un método más para su financiación, reforzando su alternativa política y, ahora también, controlando el monopolio de los combustibles en las áreas que domina.

Malí carece de una producción propia de petróleo y todo el suministro es abastecido por camiones cisterna. Aunque JNIM lleva ejerciendo una guerra continuada de desgaste contra el gobierno desde hace años, su capacidad de bloqueo ha sorprendido a las autoridades de Bamako que se ha visto sobrepasada por la coordinación y movilización desarrollada por los insurgentes.

El éxito de este bloqueo ha dejado a la capital con un desabastecimiento de combustible, afectando esta escasez a las propias fuerzas de seguridad que carecen del abastecimiento necesario para garantizar la seguridad y ejercer una escolta efectiva de los convoyes.

La deuda externa con organismos multilaterales y países como Francia, China, Emiratos Árabes Unidos y la India, supera ya el 50 % de un PIB que ascendió a 26.590 millones de dólares en 2024, y la ayuda internacional se reduce cada vez más. El país permanece atrapado en un asedio geoeconómico, los yihadistas controlan la economía informal del interior, Rusia explota los principales recursos estratégicos, Argelia bloquea las soluciones militares, y los vecinos costeros mantienen la capacidad de estrangular el comercio del país bloqueando su acceso a los puertos.

Cincuenta años después de la independencia, la soberanía económica de Malí sigue siendo más nominal que real. La Unión Africana acaba de instar a una acción urgente para hacer frente al deterioro de la situación de seguridad en Malí, donde los ataques yihadistas y los combates entre grupos armados han aumentado en los últimos meses.

En su comunicado, la Comisión de la Unión Africana expresó su «profunda preocupación» por el recrudecimiento de la violencia en el norte y el centro del país, que ha provocado el desplazamiento de miles de personas y graves violaciones de los derechos humanos.

El organismo también solicitó a la comunidad internacional que intensifique su apoyo a Malí, incluyendo ayuda humanitaria y refuerzo de las capacidades de las fuerzas de seguridad nacionales en una gran encrucijada frente al yihadismo.

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