Lo que cobrará un jubilado en cada provincia en 2023: consulta el mapa de las pensiones
Las pensiones y el ingreso mínimo vital subirán un 8,5% en 2023 tras el dato de inflación de noviembre
Escrivá plantea ampliar a 30 años el cálculo de la pensión descartando los dos peores años cotizados
Las pensiones contributivas subirán en 2023 en torno a un 8,5% con la fórmula de revalorización recogida en la ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses -de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor-.
Esta subida representa el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre de 2022, es decir, dependerá de la evolución de la inflación hasta noviembre. Las pensiones contributivas tienen consignado un crédito para 2023 de 166.777 millones de euros, un 11,2 % más que en 2022, estimado en función del incremento del colectivo de pensionistas, de la variación de la pensión media y de su revalorización.
Sin embargo, la pensión de jubilación es diferente en cada comunidad autónoma. Con esta subida del 8,5% la diferencia entre la provincia con la pensión más alta -que sería Álava con 1.928 euros mensuales- y la región con la más baja -Orense con 1.113 euros- ascenderá en 2023 a 615 euros. En el siguiente mapa se muestra cuál será la cuantía de la pensión media de un jubilado para el próximo año.
La subida de las pensiones de acuerdo al IPC en 2023, estimado en un 8,5%, ampliará todavía más el agujero de la Seguridad Social (diferencia entre las cotizaciones recibidas y las prestaciones pagadas). Lo cual obligará al Estado a aportar al sistema de Seguridad Social un total de 38.904 millones de euros, un 7,2% más que en 2022, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Dentro de las aportaciones del Estado destacan, por su cuantía, las transferencias que se realizarán en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, la referente a la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Por este concepto se transferirán desde el Estado al sistema un total de 19.888 millones de euros, casi 1.500 millones más que en el presupuesto de 2022, con el objetivo teórico de garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, aunque en la práctica no la garantiza en absoluto.
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