Lamela: «Los jueces, abogados y empresarios tenemos enormes dudas sobre la nueva Ley Concursal»

Este lunes entró en vigor la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. La aprobación definitiva de esta reforma se ha hecho esperar, agotando la prórroga de un año que el Gobierno solicitó en julio de 2021. Analizamos estos y más puntos en esta entrevista, en EL FOCO, con Manuel Lamela.

Una ley que pretende anticiparse a los problemas de insolvencia. “Antes, el 95% de los procesos concursales terminaban con el fin del negocio, esta ley pretende salvar a la empresa y al empresario”, afirma Manuel Lamela, coordinador de Asuntos Jurídicos de Madrid Foro Empresarial.

El objetivo principal de esta ley está claro: agilizar los procesos y ofrecer facilidades a las empresas y empresarios en peligro o situación de insolvencia con el fin de evitar la muerte de empresas que podrían salvarse. También sus acreedores cuentan con nuevas reglas para gestionar esta coyuntura y que puedan recuperar el mayor porcentaje de sus créditos.

Se introduce la figura del experto en reestructuraciones para hacer un plan creíble que consiga salvar la empresa. Juristas y empresarios consideran que los planes de reestructuración tienen que ser salvavidas. Si bien, como nos reconoce Manuel Lamela, los jueces, abogados y empresarios tienen enormes dudas de cómo va a funcionar la nueva Ley Concursal, especialmente el procedimiento para micropymes que, aunque definido, no entrará en vigor hasta 1 de enero de 2023, si es que está todo preparado y, he ahí donde radican las dudas. Va a ser muy tecnológico y todavía no está lista la digitalización.

Este plan para micropymes es muy importante si tenemos en cuenta que, según el histórico de datos, el 25´98% de las micropymes tienen una vida inferior a un año; el 14´27 tan sólo sobreviven entre dos y tres años; el 16´72% entre cuatro y siete, y únicamente el 20´58% duran más de quince años.

Los “acreedores relevantes”, es decir, aquellos que representan al menos un 5 % del pasivo o tienen un crédito superior a un millón de euros, pueden solicitar la calificación del concurso como culpable a través de un informe, algo que hasta ahora correspondía en exclusiva a la administración concursal y el ministerio fiscal.