La justicia estadounidense valora el embargo de bienes españoles por el impago de las renovables

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 29/02/2024 17:30
  • Actualizado: 29/02/2024 17:39

Un consejo judicial del circuito legal de Washington echó por tierra este miércoles los argumentos de España para evitar el pago de los arbitrajes perdidos por el impago de las renovables, lo que abre la puerta a que se embarguen bienes españoles en el país. El miércoles tuvo lugar una vista oral por varios casos de arbitrajes perdidos por España, los de NextEra, 9REN e Infrared, que ascienden a 390 millones de euros.

En esta vista oral, los representantes de España han pedido a la justicia estadounidense que se pronuncie en contra de la ejecución de estos laudos, afirmando que la disposición de arbitraje subyacente, contenida en el Tratado de la Carta de la Energía, no se aplica a disputas entre Estados de la Unión Europea. Este es el argumento al que la ministra española, Teresa Ribera, se ha agarrado para no pagar unos arbitrajes que podían costar a España hasta 1.700 millones de euros.

En el juicio del miércoles, un panel compuesto por tres jueces exploró la cuestión de la aplicación del Tratado de la Carta de la Energía. La magistrada Florence Y. Pan sugirió que España «simplemente no quiere cumplir con su parte del trato» y pretende eludir las condenas después de haber obtenido los beneficios de millonarias inversiones en el ámbito verde. «¿No está tratando España simplemente de evadir sus compromisos?», se preguntó la jueza Pan.

«España no tiene capacidad de acordar arbitrajes con inversores de otros países europeos», ha defendido Sarah Harris, abogada de Williams & Connolly LLP que tomó la palabra en representación de España. Sin embargo, el Departamento de Justicia aclaró que el Tratado de la Carta de la Energía «no obliga a la resolución vía arbitrajes» pero, si tales procesos se inician, el reconocimiento mutuo de ambas partes hace que sus resoluciones deban ser tomadas en consideración.

«La UE y España siguen beneficiándose del tratado», ha señalado la jueza Pan, «pero nos están diciendo que no tienen que pagar el precio derivado de sus incumplimientos». Además, la jueza Pan recordó que los arbitrajes no amenazan la primacía del derecho de la UE. En la misma línea se pronunció la jueza Judith W. Rogers, que apunta que «si España y la UE se unieron a un tratado que aboga por permitir mecanismos de arbitraje, ¿cómo pueden decir, años después, que esto ya no es lo que quieren y, por esta vía, incumplir lo que se ha acordado en estos procedimientos? «.

En representación de NextEra y 9REN, el abogado Shay Dvoretzky declaró que, más allá de ciertas excepciones, un Estado no puede escapar de sus obligaciones internacionales e incumplirlas sin más. «Lo que España está haciendo efectivamente es tratar de salirse del TCE o enmendar el TCE sin pasar por los procedimientos que el tratado mismo prevé para hacerlo», señaló el jurista de Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP.

El socio de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Matthew McGill, tomó la palabra
en representación del caso Infrared y defendió que «las implicaciones de la
argumentación de España son bastante sorprendentes… Significan que
cualquier decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría alterar las obligaciones del tratado de todos los estados miembros de la UE para cualquier número de acuerdos internacionales».

El consejo de juristas que escuchó los argumentos de estos tres casos perdidos por España está compuesto por los magistrados Judith W. Rogers, Florence Y. Pan y Cornelia T.L. Pillard. La Abogacía del Estado española, que ha gastado más de 70 millones de euros en consultoría y honorarios de bufetes internacionales, estuvo representada por un ejército de juristas que incluye a Sarah M. Harris, Lisa S. Blatt, Jonathan M. Landy, Benjamin W. Graham, Aaron Z. Roper y Noah C. McCullough de Williams & Connolly LLP, a Matthew J. Weldon, Brian Koosed, Michael DeMarco y Thomas Warns, de K&L Gates LLP, y a Csaba M. Rusznak, de Sovereign Arbitration Advisors LLC.

Con este procedimiento, la justicia estadounidense valora la procedencia de
asumir el registro de los laudos y, si España persiste en los impagos, embargar bienes como mecanismo para resarcir a los inversores afectados. Los tres casos incluyen indemnizaciones por valor de 360 millones de euros, cifra a la que hay que sumar cerca de 13 millones por intereses de demora y casi 20 millones por las condenas en costas.

Además de estos tres casos (NextEra, 9REN, Infrared), se han emitido ya 26
condenas contra España debido a la retirada retroactiva de las primas
renovables. La justicia británica y australiana ha reconocido estos laudos y,
ante los impagos de España, ha abierto el pago al embargo de bienes y activos soberanos de nuestro país.