Giro de 180º en las devoluciones del IRPF para pensionistas: Hacienda va a tener que pagar un dineral
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Durante años, miles de pensionistas que cotizaron en su día a mutualidades profesionales (como aquellos que eran funcionarios o trabajadores de banca y seguros) pagaron un IRPF de más que ahora se debía devolver, según una sentencia del Tribunal Supremo. En concreto, la alegría llegó cuando, en marzo, la Agencia Tributaria habilitó un formulario específico para tramitar estas devoluciones del IRPF.
Sin embargo, la alegría ha durado poco. Un inesperado cambio legislativo ha sacudido este proceso y ha dejado a muchos con una sensación de injusticia y frustración. A partir de ahora, los afectados ya no podrán recuperar todo lo pagado de una sola vez. Según una disposición incluida en la nueva Ley del Impuesto Complementario a los Grupos Multinacionales, las devoluciones tendrán que solicitarse cada año, de forma individual, hasta el 2028. Y lo que es peor: todas las solicitudes que estaban en trámite y sin resolver a fecha del 22 de diciembre han quedado anuladas. Esto ha supuesto un jarro de agua fría para cientos de pensionistas que, tras años de espera, vuelven al punto de partida.
La situación ha encendido los ánimos en este colectivo. Muchos de ellos, personas mayores, sienten que el tiempo juega en su contra. «Muchos moriremos sin la devolución», han declarado algunos afectados. Aunque legalmente se les reconoce el derecho a recuperar su dinero, el nuevo procedimiento para esas devoluciones del IRPF complica mucho el proceso y retrasa los pagos, algo que no sólo genera malestar, sino también un profundo sentimiento de abandono.
Giro de 180º en las devoluciones del IRPF para pensionistas
Lo que ha enfadado especialmente a los pensionistas es la forma en que se ha producido este giro con respecto a las devoluciones del IRPF. La nueva normativa se ha introducido mediante una Ley, lo que limita drásticamente las posibilidades de recurso. Si se hubiera tratado de un decreto, cabría plantear un recurso contencioso-administrativo. Pero al tener rango de Ley, sólo podría recurrirse si se vulneraran derechos fundamentales, algo que los juristas consultados no consideran que esté ocurriendo.
Y sin embargo, sí reconocen que el nuevo procedimiento es mucho más restrictivo. Según explican expertos en Derecho Administrativo y Tributario, no se elimina el derecho a la devolución del IRPF, pero sí se cambia radicalmente la forma de ejercerlo. A partir de ahora, sólo será válida la vía establecida en la nueva norma, que obliga a los pensionistas a reclamar cada año, en lugar de permitir una solicitud única con un abono completo. En la práctica, esto significa que un pensionista que tenga derecho a recuperar, por ejemplo, 2.400 euros, recibirá 600 euros anuales durante cuatro ejercicios fiscales.
Retroactividad encubierta y falta de transparencia
Otro de los puntos más controvertidos de la nueva normativa es su carácter retroactivo. La disposición afecta también a las solicitudes que ya estaban presentadas pero aún no habían sido resueltas. Es decir, aunque un pensionista hubiera entregado su formulario en tiempo y forma cuando se habilitó en marzo, si su caso no se resolvió antes del 22 de diciembre, esa solicitud ha quedado invalidada. Tendrá que empezar de nuevo, pero esta vez con el nuevo procedimiento.
Este aspecto ha sido duramente criticado por juristas como el catedrático Alejandro Huergo, quien ha señalado que lo habitual en el Derecho español es que las nuevas normas se apliquen únicamente a partir de su entrada en vigor. El hecho de que esta tenga efectos sobre reclamaciones ya iniciadas plantea dudas sobre su legitimidad, aunque se argumente que es solo una norma de procedimiento. Además, ha llamado la atención la forma en que se ha aprobado: sin apenas difusión, en el marco de una ley ómnibus que trata sobre un asunto totalmente distinto. Esta estrategia ha sido percibida como una falta de transparencia que ha cogido desprevenidos tanto a ciudadanos como a profesionales del Derecho.
Una vía estrecha y poco amable para personas mayores
La medida ha provocado una mezcla de resignación y rabia en el colectivo de pensionistas, muchos de los cuales no están familiarizados con procedimientos administrativos complejos ni con la tramitación digital. Obligarles a presentar una solicitud cada año, durante cuatro años consecutivos, es un esfuerzo adicional que muchos consideran injusto. Algunos incluso temen que el retraso en los pagos acabe haciendo que no lleguen a ver ese dinero en vida.
Aunque los expertos aconsejan ser prácticos y asumir el nuevo cauce, el sentimiento generalizado entre los afectados es de haber sido apartados de un proceso que, por fin, parecía darles la razón. Y ahora, lo que se presenta como un simple cambio de procedimiento, en la práctica supone un nuevo obstáculo que frena la recuperación de lo que es suyo por derecho. La Agencia Tributaria asegura que los pagos llegarán, pero el tiempo apremia para quienes ven cómo cada año que pasa se reduce su capacidad para gestionar estas reclamaciones.
Un coste millonario para Hacienda
El Estado deberá devolver una suma considerable con este nuevo esquema. En muchos casos, las devoluciones individuales superan los 2.000 euros, y el número de afectados asciende a varios cientos de miles. En total, se estima que la Agencia Tributaria tendrá que desembolsar varios cientos de millones de euros hasta el año 2028.
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