El juez propone prorrogar otros seis meses la instrucción de Banco Popular que quería cerrar en 2021

Malas noticias para los afectados por la resolución del Banco Popular en 2017. El juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha planteado a la Fiscalía y a las partes una nueva prórroga de seis meses de la instrucción, a pesar de que pretendía cerrarla en 2021 para que pudiera celebrarse el juicio este año.

En una diligencia fechada el 29 de diciembre, Calama da un plazo de tres días para que el fiscal y las partes personadas (entre ellas, varios inversores que perdieron todo su dinero) para que den su opinión sobre la nueva prórroga. El juez ya amplió la instrucción en julio hasta el 29 de enero, fecha tope que ahora va a retrasar.

En principio, lo único que falta para cerrar la instrucción es el último de los cuatro informes solicitados a los peritos del Banco de España, referido a la financiación de acciones por parte de la entidad en la ampliación de capital de 2026 (la operación que investiga esta causa). Los peritos citados no tienen un plazo definido para entregar este informe, por lo que el magistrado teme que se demore más allá del 29 de enero.

Pero algunos de los abogados que representan a los perjudicados temen que, una vez que se cierre el sumario, la Fiscalía tarde otros cinco o seis meses presentar el escrito de acusación, al que luego deben responder las acusaciones particulares y las defensas. Por ejemplo, en el caso Emperador, el ministerio público lleva dos años sin entregar dicho escrito. Lo cual pone en duda que el juicio vaya a celebrarse este 2022 recién estrenado.

Asimismo, la vista oral durará varios meses, y luego pueden pasar otros tantos hasta que salga la sentencia; en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, muy parecido a éste, la Audiencia tardó casi un año en dictarla.

Los informes del Banco de España

La financiación de la compra de acciones en la ampliación por parte de los clientes del banco es una de las presuntas irregularidades cometidas por el penúltimo presidente del Popular, Ángel Ron, ya que no se restó esos títulos del capital como exige la ley. Si un banco da un crédito a un cliente para que compre sus acciones, mantiene el riesgo de la operación; es decir, es como si se las comprara a sí mismo, de ahí que no puedan computar como fondos propios.

Los otros tres informes ya entregados por los peritos del supervisor bancario se refieren a las cuentas del Popular incluidas en el folleto de la citada ampliación, las sociedades luxemburguesas utilizadas para sacar de balance créditos morosos (la trama Thesan) y las tasaciones inmobiliarias.

En los tres casos, los expertos han detectado graves irregularidades: en el caso de Thesan, estimaron un agujero (déficit de provisiones) de 521 millones; y en el de las tasaciones y en el de la contabilidad, detectaron infinidad de anomalías, aunque sin una cuantificación exacta.

Asimismo, los inspectores del BCE destinados en la entidad declararon en diciembre que la entidad presentaba una gran cantidad de créditos refinanciados calificados en situación normal y que debían considerarse morosos, lo cual provocaba un déficit de provisiones «significativo y material» (1.824 millones en 2014) que le habría obligado a apuntarse pérdidas y a reducir sus niveles de capital. Y añadieron que el banco incumplió la normativa contable y que debía haber registrado pérdidas en 2015 en vez de los beneficios que incluyó en el folleto de la ampliación.

Ron, casi seguro al banquillo

Todo esto, más las declaraciones de varios exdirectivos del banco, hace que sea casi seguro que Ron tenga que sentarse en el banquillo por delitos como falsedad contable y estafa a inversores.

Lo que está por dilucidar es si también será procesado su sucesor, Emilio Saracho.  Una de las acusaciones -próxima al propio Ron- sostiene que manipuló la cotización del Popular para hacerla caer mediante la filtración de informaciones falsas, pero los testigos que han declarado sobre este asunto, como el presidente de la CNMV, han descartado esta práctica.