Confía en el marco constitucional

Imaz (Repsol) ataca al impuestazo de Sánchez: «Haremos todo lo necesario contra esta iniciativa arbitraria»

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha sido muy claro en la conferencia con analistas e inversores, casi todos internacionales, respecto al impuestazo de Sánchez con el que pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años de los beneficios logrados por el trabajo de las energéticas y la banca.

Imaz aprovechó el encuentro en el que presentó los resultados hasta junio, Repsol dobló su beneficio, para afirmar que no tiene «ninguna duda de que nuestro marco constitucional, el sistema legal español y la legislación europea nos van a proteger de cualquier potencial iniciativa arbitraria». «Seré muy claro: estoy confiado porque sabemos que tenemos un sólido marco constitucional y legal y que tanto el mercado español como el europeo son mercados que protegen la actividad empresarial de cualquier iniciativa arbitraria».

En consecuencia, el número dos de Repsol señaló que harán «todo lo que esté en nuestra mano para evitar que cualquier medida arbitraria impacte en nuestra compañía». Imaz negó que la petrolera reciba los conocidos como ‘beneficios caídos del cielo’ y dejó un último recado para Moncloa al asegurar que nunca vio a ningún gobierno «hablando de apoyar las pérdidas extraordinarias de años anteriores».

El Gobierno pretender restar 4.000 millones de euros de beneficios, 2.000 millones por año, a las energéticas. Los argumentos de Repsol se han encontrado con el apoyo de Iberdrola y Endesa.

El propio presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, negó la existencia de dichos beneficios. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, se movió en la misma línea: «Estamos pendientes de conocer los detalles para evaluarlo, pero quiero reiterar que no tenemos beneficios extraordinarios con esta coyuntura por cumplir con la legislación aprobada en los últimos meses». Y es que el Gobierno ya aplica varias medidas desde el último año sobre los precios eléctricos, entre las que se ha incluido el control de precios fijados en los contratos firmados por las compañías.

Las energéticas no están solas en su protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez pues la banca también ha aprovechado la comunicación de los resultados para criticar la nueva carga impositiva. Sánchez captaría 1.500 millones al año, 3.000 millones en total, de las entidades. Banco Santander habló de daño para la economía en general, los accionistas y la actividad de los bancos en España. Banco Sabadell también puso el foco en el daño que se hace a sus accionistas. Por su parte, Bankinter, en línea con Repsol, no descarta acudir a la Justicia si fuese necesario.

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