Iglesias acecha a grandes propietarios: quiere que el 30% de sus viviendas sean de alquiler social

El vicepresidente Pablo Iglesias sigue adelante con su cruzada contra los  grandes tenedores de viviendas (lo que tienen más de diez inmuebles o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados). Podemos pretende que la nueva Ley de Vivienda que prepara el Gobierno obligue a los grandes propietarios a destinar el 30% de sus viviendas a alquiler social. Así lo ha anunciado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, que calcula que la medida intervencionista ayudará a poner fin a la «emergencia habitacional» en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.

«Necesitamos una Ley de Vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que tiene que tener necesariamente la vivienda. Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social», decía.

Belarra está convencida de que el problema del alquiler no se solucionaría construyendo más viviendas, sino obligando por ley a los grandes propietarios a ceder sus inmuebles. «Si, por ejemplo, los grandes propietarios de inmuebles en España destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses las viviendas disponibles en 140.000 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin de esta manera a la emergencia habitacional que vive nuestro país», decía.

La secretaria de Estado también ha pedido que se cree un «escudo social sin precedentes» ante la pandemia del Covid-19, con medidas prorrogadas hasta final del estado de alarma y que ejemplifica el «cambio de rumbo» frente a los «recortes» derivados de la crisis de 2008 con «hechos y con políticas».

Entre ellas, ha destacado la suspensión de prácticamente todos los desahucios sin alternativa habitacional, -una medida muy criticada por los propietarios de viviendas- ,la prohibición de cortes de los suministros básicos a personas vulnerables o la ampliación de las moratorias hipotecarias.

Choque entre PSOE y Podemos 

La nueva Ley de Vivienda ha provocado un nuevo choque entre PSOE Y Podemos Unidas. Según han reconocido desde Podemos, existe «preocupación» por la dinámica que atraviesa la negociación sobre una normativa que debería llegar al Consejo de Ministros a lo largo de febrero. Y todo ello al apreciar que el PSOE muestra rechazo a la mayoría de sus propuestas.

Los desencuentros radican sobre todo en la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dediquen una parte de sus viviendas al alquiler social y el hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, puntos centrales para la formación morada. También existen diferencias a la hora de poner en marcha «medidas efectivas» que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler.

En cuanto a la regulación de precios del alquiler, recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado (PGE), en Unidas Podemos explicaron que mandaron una propuesta al PSOE hace cuatro meses a la que aún no han contestado. Lo cierto es que los grandes fondos están preocupados por la obsesión del vicepresidente Pablo Iglesias por intervenir el mercado inmobiliario.

“Son normas excesivamente intervencionistas que van a destrozar el mercado. Elimina la seguridad jurídica o quebranta la tutela judicial efectiva para resolver a través de los juzgados problemas como la ocupación. Esto está vulnerando el derecho de propiedad recogida en la Constitución y sobre todo, genera tal inseguridad jurídica que nadie va a invertir», denunciaban desde un fondo inmobiliario a OKDIARIO. Las mismas fuentes confirman que ya se han parado grandes inversiones debido a la inseguridad jurídica. «No hay grandes movimientos de fondos en los últimos tiempos y, aunque hay anuncios, no son grandes operaciones», dicen.

El calendario que maneja el Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos es seguir perfilando la nueva ley de Vivienda hasta mediados de febrero, y a partir de ahí, llevarla al Consejo de Ministros, según trasladaron a Europa Press en fuentes de este departamento, con lo que retrasa el calendario inicial que pactaron ambas formaciones de aprobar la ley en enero para que llegara al Parlamento en febrero.

A finales del pasado mes de octubre, PSOE y Unidas Podemos acordaron llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y al Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses, con el fin de «limitar» y «eventualmente bajar», los precios de alquiler en zonas de mercado «tensionadas».