Hacienda presume de dar un 78,6% más de dinero a las CCAA que Rajoy aunque la subida real es del 38% en 8 años

Hacienda presume de que las comunidades autónomas recibirán en 2027 un 78,6% más de recursos que en el último año de Mariano Rajoy en Moncloa. Sin embargo, la comparación realizada por el Gobierno está expresada en euros nominales y no tiene en cuenta la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación durante los nueve años que separan ambos ejercicios. Una vez descontado el incremento de los precios, la mejora real se reduce hasta aproximadamente el 38%.

Así lo ha defendido este martes el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante su comparecencia para explicar la política de financiación autonómica del Gobierno. España ha asegurado que las comunidades recibirán en 2027 unos 81.696 millones de euros más que en 2018, último ejercicio completo con Rajoy como presidente.

La cifra permite al Ejecutivo presentar un incremento del 78,6%, pero compara directamente euros de 2018 con euros de 2027. De acuerdo con las cifras del ministerio de Hacienda, los recursos de las comunidades pasarían de alrededor de 103.900 millones en 2018 a 185.593 millones en 2027.

La inflación cambia sustancialmente esa comparación. El índice medio anual del IPC del Instituto Nacional de Estadística (INE) se situaba en 96 puntos en 2018 y alcanzó los 118 puntos en 2025. Incorporando para 2026 y 2027 las previsiones de inflación disponibles, el incremento acumulado de los precios durante el periodo se situaría en el entorno del 29%.

Eso significa que los 185.593 millones que recibirán las autonomías en 2027 equivaldrían aproximadamente a 143.500 millones expresados en euros de 2018. Frente a los cerca de 103.900 millones del último ejercicio de Rajoy, el incremento real sería de unos 39.600 millones, alrededor de un 38%.

Por tanto, el aumento de recursos existe también después de descontar la inflación, pero es aproximadamente la mitad del 78,6% que Hacienda utiliza para comparar la financiación actual con la de 2018.

El Estado asume 83.252 millones

El Gobierno acompaña el aumento de financiación con otra de sus grandes medidas para aliviar las cuentas autonómicas: la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades de régimen común.

La operación tiene su origen político en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, aunque posteriormente el Gobierno decidió extender el mecanismo al resto de comunidades de régimen común. De esta forma, la medida ya no beneficia exclusivamente a Cataluña, sino también a autonomías gobernadas por el Partido Popular.

El efecto de la operación es relevante. Las comunidades beneficiadas dejarán de soportar esa parte de su endeudamiento y, según las estimaciones del propio Gobierno, podrán ahorrarse alrededor de 6.700 millones de euros en intereses.

Pero los 83.252 millones no desaparecen de la deuda pública española. Se produce un traslado entre administraciones: la deuda deja de estar contabilizada en el subsector autonómico y pasa a ser asumida por la Administración Central.

El propio ministerio de Hacienda reconoce que la operación no reduce la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas españolas, sino que supone una reconfiguración de ésta entre los diferentes subsectores del Estado.

En la práctica, por tanto, el Estado asume una deuda que hasta ahora correspondía a las autonomías. La factura deja de recaer exclusivamente sobre las cuentas de cada comunidad beneficiaria y pasa al balance de la Administración Central.

El nuevo modelo

Arcadi España también ha defendido el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno, que sustituiría a un sistema que lleva más de una década pendiente de reforma. Según Hacienda, la propuesta aportará alrededor de 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades respecto a lo que recibirían manteniendo las actuales reglas.

El secretario de Estado ha subrayado que aproximadamente el 70% de esos recursos adicionales irán a comunidades actualmente gobernadas por el PP y ha defendido que el nuevo modelo reduce las diferencias de financiación por habitante ajustado e incrementa la corresponsabilidad fiscal.

España ha cargado además contra las rebajas fiscales aprobadas por los gobiernos autonómicos del Partido Popular. El ministro ha relacionado estas reducciones de impuestos con los problemas de financiación de los servicios públicos y las listas de espera, al tiempo que ha acusado a los populares de responsabilizar posteriormente al Gobierno central de la falta de recursos.

Hacienda también pretende permitir que determinadas comunidades puedan destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles, entre ellas políticas de vivienda. Las autonomías cuya deuda se encuentre por debajo del 12,4% de su PIB podrán utilizar esos recursos para inversiones sin que computen como nuevo endeudamiento.