Guerra entre la presidenta de la SEPI y los técnicos porque nadie quiere firmar informes tras Plus Ultra

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 26/07/2021 06:45
  • Actualizado: 26/07/2021 12:44

La decisión judicial de paralizar el rescate de Plus Ultra ha agravado aún más la crisis interna que vive la SEPI desde hace meses. En el holding empresarial público se esperaba una decisión así, pero si ya había miedo a tomar decisiones, ahora hay pánico. Lo cual ha provocado un enfrentamiento entre la presidenta, Belén Gualda, y los técnicos porque nadie quiere firmar informes para nuevos rescates que puedan acabar en los tribunales.

«Gualda se niega a aprobar los informes porque quiere que pongan lo que ella quiere; dice que ella los dicta pero los firman los de abajo y ella se limita a visarlos. Y los funcionarios dicen que, si ellos tienen que firmar los informes, pondrán lo que ellos consideren y no lo que les diga la presidenta, que no van a admitir que ella les dicte el contenido», explican fuentes de la SEPI.

Es decir, nadie quiere hacerse responsable de los informes que justifican nuevos rescates por si terminan sentados en el banquillo. De momento, la jueza Esperanza Collazos ha imputado a los altos cargos gubernamentales consejeros de la SEPI -se reducirán a los del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas- y la paralización del pago de los 34 millones que faltan de los 53 del rescate de Plus Ultra no pinta nada bien para su futuro judicial. Más aún cuando la propia Fiscalía se ha puesto del lado de la jueza y en contra de la Abogacía del Estado, que defiende la actuación del fondo de rescate.

Enfado porque un técnico se ‘come’ la imputación en Plus Ultra

La situación actual ha enfadado especialmente a la plantilla de la SEPI, por cuanto «en la SEPI asumen que llegue un político y mangonee, ha sido así de toda la vida; pero en este caso el que ha acabado imputado es uno de los suyos, Bartolomé Lora, así que están muy enfadados».

Como denunció OKDIARIO, Lora -funcionario de carrera en la SEPI- se tiró año y medio como presidente en funciones del holding público porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le estaba guardando el puesto a su protegido Vicente Cecilio Fernández Guerrero, imputado por el caso de la mina de Aznalcóllar. Cuando le abrieron juicio oral, Montero no tuvo más remedio que nombrar nueva presidenta a Gualda, procedente de Navantia.

No se trata solo de la guerra entre funcionarios y la presidenta de la SEPI, sino que también está encontrando serias dificultades para encontrar asesores independientes que elaboren los informes preceptivos para aprobar nuevos rescates, como también ha informado OKDIARIO. Aunque estas firmas ponen todo tipo de disclaimers en los que aseguran que su opinión se basa exclusivamente en los datos e informes suministrados por los técnicos de la SEPI, eso no necesariamente les libra de posibles responsabilidades en los tribunales.

Más retraso todavía para los rescates

En este escenario, «la tensión es muy alta y eso paraliza todavía más los rescates», añaden las fuentes. Especialmente rescates que tienen muchas papeletas de acabar en los juzgados como el de Abengoa -enfrascada en una guerra entre administraciones, el consejo, los minoritarios y fondos oportunistas (los denominados «buitre»)- o no digamos ya el de Mediapro, por el escándalo que supondría que el Gobierno salve de la quiebra con dinero público a su grupo mediático de cabecera.

El problema no son estas empresas de muy dudosa viabilidad aunque no se hubiera producido la pandemia, sino de la de decenas de compañías, sobre todo turísticas, que sí cumplen el requisito de tener problemas puntuales derivados del covid. Ahora, sus rescates pueden aplazarse todavía más.

La más importante es Hotusa, que ha elevado su petición de 190 a 320 millones por culpa precisamente de la tardanza del organismo. Le sigue Naviera Armas, propietaria de Trasmediterránea, con una solicitud en torno a 100 millones de euros. Por detrás aparecen Wamos con 75 millones, Hesperia (55 millones), Room Mate (52), Selenta y Hoteles Playa Senator (50 cada una), Abades (40), Grupo Julià (37), Sehrs y Global Exchange (35 cada una), Soho Hotels (32), y Hotelatelier y Pangea (25 cada una).

Fuera del sector, hay otras empresas importantes que también están esperando su turno, como la siderúrgica Celsa (700 millones), la maderera Losán (35 millones) y la acerera Rugui Steel (25 millones). Tubos Reunidos ha sido la única que ha conseguido sacar adelante sus ayudas por valor de 112,8 millones.