Goirigolzarri mantendrá sus poderes ejecutivos en CaixaBank pese a la presión del BCE para que los deje

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, va a mantener sus funciones ejecutivas actuales, a pesar de las presiones del BCE para que todas ellas recaigan en el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, según fuentes conocedoras de la situación.

En los acuerdos de fusión entre CaixaBank y Bankia, firmados en 2020, se estableció que Goirigolzarri mantendría, como funciones ejecutivas, comunicación, relaciones institucionales, auditoría interna y gestión de los órganos de gobierno (básicamente del Consejo), mientras que Gortázar asumiría el resto de poderes de gestión del banco.

Pero el BCE está muy insistente con las cuestiones de gobernanza de las entidades financieras, que considera la segunda prioridad de su actuación supervisora. Y el modelo que quiere imponer en toda la zona euro es el de presidente no ejecutivo y consejero delegado con todos los poderes. Según las fuentes, en las últimas fechas el supervisor europeo ha redoblado su presión para obligar a los bancos para adoptarlo.

Dicho modelo choca con este reparto de poder un tanto sui generis de la primera entidad de España. Pero CaixaBank no está dispuesta a ceder a esa presión y va a mantener las funciones actuales de Goirigolzarri sin ningún cambio.

Argumentos de CaixaBank

Para mantener esta postura, el banco catalán con sede central en Valencia tiene dos argumentos muy poderosos. El primero es que el reparto de funciones entre Goirigolzarri y Gortázar en CaixaBank fue aprobado por el propio BCE hace tres años, por lo que no tiene mucho sentido obligar ahora a cambiar el esquema que entonces le parecía bien al supervisor.

El segundo es que los dos gigantes multinacionales españoles, Santander y BBVA, tampoco cumplen el esquema propugnado por el organismo que preside Christine Lagarde. Cada uno de estos dos bancos tiene un presidente ejecutivo -Ana Botín y Carlos Torres, respectivamente- y, aunque cuentan con sendos consejeros delegados -Héctor Grisi y Onur Genç- con algunas funciones ejecutivas, el grueso del poder está en manos del presidente.

En consecuencia, si el BCE permite ese esquema con Santander y BBVA, no tiene argumentos para forzar un cambio de modelo en CaixaBank. Cuando, además, está mucho más cercano al propugnado con el supervisor, ya que, en su caso, el grueso de los poderes corresponde al consejero delegado.

De hecho, las funciones de Goirigolzarri son muy reducidas, e incluso la parte de comunicación y relaciones institucionales está dentro del Comité de Dirección de CaixaBank, por lo que también depende del consejero delegado.

No obstante, en otros bancos más pequeños sí ha impuesto el citado modelo de presidente no ejecutivo y consejero delegado con todos los poderes: son los casos del Sabadell, Bankinter o Unicaja Banco.

En todo caso, no se trata de algo excesivamente problemático para el BCE más allá de las formas, por lo que todo apunta a que CaixaBank saldrá victoriosa en esta pugna, según las fuentes consultadas.

Participación del Estado

De hecho, el supervisor tiene batallas más importantes que librar en la entidad, en especial la participación del 17% que tiene el Estado (a través del FROB) en el capital procedente de la antigua Bankia. El BCE intentó que el Gobierno de Pedro Sánchez vendiera la totalidad o, al menos, una parte de ese paquete en noviembre, cuando otros países europeos aprovecharon el buen momento de la banca en Bolsa para desprenderse de sus acciones en entidades rescatadas (las principales, el italiano Monte dei Paschi di Siena y el Banco Nacional de Grecia).

El supervisor europeo no quiere que los estados tengan participaciones en el capital de la banca, puesto que suponen una ventaja competitiva para esas entidades respecto a las que sólo tienen accionistas privados. Sin embargo, el Gobierno español se negó en redondo a vender la de CaixaBank, como informó en exclusiva OKDIARIO.

Según una de las fuentes consultadas, «tener voz y puesto en el Consejo del principal banco español es estratégico para el Gobierno. No lo era en Bankia, pero sí en CaixaBank». Otra añade que el Ejecutivo quiere mantener un control sobre las decisiones estratégicas de la entidad más allá del día a día.

Además, esta negativa a salir del capital de la entidad es coherente con el afán nacionalizador de Sumar, que llevaba en su programa electoral la creación de un banco público. Y como el Estado ya tiene ese 17% de CaixaBank, su deseo sería elevar esa participación; o, como mínimo, no venderla.