El Gobierno se podemiza: Pedro Sanchez pone en marcha el marco laboral más rígido de la democracia

Las últimas medidas económicas que ha puesto en marcha el Ejecutivo han dado la vuelta al país, como si fuera un calcetín, en menos de diez días. Si inicialmente la gran apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez era dotar de más flexibilidad a las empresas para proceder a suspender el empleo a los trabajadores durante el tiempo que durara la crisis -sin que tuvieran que despedir- y darles créditos con avales del Estado, tras el decreto del 27 de marzo las tesis de Pablo Iglesias han ganado la partida en el Consejo de Ministros.

¿Qué le parecería un país en el que, cuando las empresas afrontan la mayor crisis que se recuerda, los ajustes de plantilla se hacen prácticamente imposibles por decreto? ¿Y una economía en la que el Gobierno amenaza con inspecciones bajo lupa a las compañías que hagan un ERTE porque se les ha desplomado de golpe la actividad? ¿Y un país en el que los contratos temporales se extienden obligatoriamente aunque ya no sean necesarios? ¿Y una potencia en la que las empresas pagan el coste de enviar a casa a sus trabajadores por una decisión del propio Gobierno? No, no hablamos de Venezuela, sino de España. En pleno siglo XXI.

El consenso de los expertos coincide en señalar que la política económica de una potencia como España, en una crisis de estas características, debería estar orientada a poner en marcha medidas excepcionales para frenar, todo lo que sea posible, la destrucción de tejido económico. Es la apuesta de casi todos los países de nuestro entorno, que han acuñado el término «hibernar». Sin embargo, en la economía nacional la palabra clave para definir la situación parece que es «suspender».

Unos primeros pasos tímidos pero en la buena dirección

Los primeros reales decretos, bajo la batuta de Nadia Calviño, ponían en marcha medidas de dotación de liquidez (aplazamientos fiscales y avales a empresas con garantía pública) y, en lo laboral, iniciativas que permitían optar por ERTE o reducciones de jornada, reduciendo o eliminando las cotizaciones sociales a cargo de la empresa y disminuyendo trámites burocráticos. Es decir, se abrían fórmulas para aliviar temporalmente de uno de los principales costes que deben asumir, las nóminas.

Además, se aumentaba las posibilidades de mantener vivos los puestos de trabajo, una vez terminado el estado de alarma. Aunque desde el mundo empresarial consideraban que las medidas se quedaban cortas y que había que avanzar más -suspendiendo las cotizaciones sociales a pymes y autónomos como este martes podría aprobar el Consejo de Ministros, por ejemplo, o con una moratoria de impuestos a empresas-.

Las empresas veían timidez en el Gobierno pero no que las medidas fueran completamente erróneas. De hecho, los propios sindicatos habían pactado con la patronal, en un gesto inédito, iniciativas que ayudaban a flexibilizar el mercado laboral en este trance por el coronavirus.

El viernes 27 de marzo todo cambió

Sin embargo, el pasado viernes 27 de marzo todo cambió. El Gobierno dio un giro copernicano a sus políticas. ¿Los vencedores dentro del Consejo de Ministros? Los miembros de Podemos. Pablo Iglesias y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tomaron el mando y se dio luz verde a un conjunto de nuevas medidas que restringían con severidad el menú de opciones del empresario para adaptarse, de la mejor forma posible, a la crisis económica como consecuencia de la pandemia y del estado de alarma.

Con las nuevas medidas laborales sobre la mesa la posibilidad de que las empresas opten por suspensiones de pagos o liquidaciones está más cerca. La situación ya era critica: se calculaba que entre el 30% y el 50% de la actividad parada. Pero a partir de este martes -con la entrada en vigor de la paralización de toda la actividad no esencial- puede ser mucho peor. El resultado: se destruirá, con mucha probabilidad, una parte del tejido económico y de los empleos, dificultando la salida en «V» de esta crisis.

Se elimina en la práctica la posibilidad de despedir

Por poner un ejemplo, antes del Real-Decreto 9/2020 el empresario que, para sobrevivir, necesitaba aligerar el coste de la nómina, tenía varias opciones: un ERTE por fuerza mayor, ahorrándose el coste de las cotizaciones sociales; un ERTE, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (sin ahorrarse las cotizaciones sociales); la reducción de jornadas; la no renovación de contratos temporales; o, en los casos más graves, despidos permanentes de todos o de una parte de los trabajadores, alegando las consecuencias de la epidemia como causa.

Sin embargo, después del Real Decreto Ley 9/2020, la opción de despedir a todos o parte de los trabajadores, alegando las consecuencias de la epidemia como causa está prohibida; sólo cabría usarla utilizando otra justificación, pero con un riesgo elevado de que estos despidos se consideren nulos ante un tribunal, lo que de facto, prácticamente elimina la posibilidad de despedir.

ERTEs que no se ajustan a la realidad

A esto se suma que la opción de los ERTES ha quedado más limitada. Los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al coronavirus se han restringido al tiempo que dure el estado de alerta. El problema es que la demanda no se recuperará instantáneamente, una vez hayan desaparecido las restricciones al movimiento y a la actividad económica.

Pero hay más. En el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2020 de 18 de marzo se fijaba que el Gobierno se haría cargo de las cotizaciones sociales a cargo del empresario en los casos en los que éste suspenda el contrato o reduzca la jornada laboral de los trabajadores por fuerza mayor derivada del coronavirus. En esos casos, el Estado asumiría el 100% de las cotizaciones en las empresas de menos de 50 trabajadores y en un porcentaje del 75% para la demás, las medianas y grandes. Sin embargo, esta medida no se aplica para las suspensiones o reducciones de jornada derivadas de causa económica, técnica, organizativa y de producción relacionadas con la pandemia, lo que la invalidaría en la práctica. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ya trabaja en una moratoria del pago de cotizaciones para pymes y autónomos.

La amenaza velada del Gobierno

A todos estos problemas hay que sumar la incertidumbre. Cualquier empresario puede ser sancionado si los ERTE (o las reducciones de jornada) contienen incorrecciones o si la autoridad laboral considera que no están suficientemente justificados.

Los empresarios se han quejado con vehemencia de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya tratado de demonizar a los empresarios pese a que estos están ayudando a fabricar respiradores, comprando pruebas en el extranjero o equipando hospitales mientras que el Ministerio de Sanidad parece cada vez más bloqueado.

Trabajadores temporales que tendrán que seguir en sus puestos aunque ya no se les necesite

Además, será obligatorio readmitir a los trabajadores temporales afectados los ERTE, aunque la duración de su contrato hubiera expirado durante el estado de alarma y, aunque haya desaparecido la razón por la que fueron contratados (por ejemplo, atender la campaña turística de Semana Santa, que ha desaparecido de un plumazo). Es decir, se suman cada vez más cargas para las empresas.

A esto se añade que el Real-Decreto Ley RDL 10/2020 traslada a las empresas el coste de sostenimiento de rentas de los trabajadores, como consecuencia de los nuevos cierres derivados de la paralización de toda la economía no esencial.

Si antes con un ERTE se aliviaba a las compañías, ahora con el endurecimiento de la legislación de los ERTE y con los permisos retribuidos que ha ideado el Ejecutivo el coste para las compañías será exponencial cuanto más dure el periodo de inactividad.

A esto se suma que la forma en que se ha elaborado y comunicado el último Real Decreto-Ley del Gobierno ha generado grandes dudas en las empresas. La mayor parte de las empresas la noche anterior a la entrada en vigor de las restricciones de actividad desconocían si debían continuar operativas al día siguiente.

El Real-Decreto Ley se publicó en el BOE de 29 de marzo a las 23.40, tan sólo 20 minutos antes de que debieran suspenderse las actividades no esenciales. La propia Díaz tuvo que pedir el lunes disculpas y el Ejecutivo daba sobre la marcha un día más de margen para adaptarse a la nueva situación. ¿Improvisación? El Gobierno dice que no.

En definitiva, las últimas medidas laborales aprobadas por Pedro Sánchez y su gabinete ponen en riesgo la recuperación de la economía española y la condenan a un periodo largo de actividad languideciente, hasta que se recupere la estructura productiva y los consumidores e inversores tengan la confianza suficiente de nuevo para consumir e invertir.

Podemos impone sus tesis en Moncloa

Y todo por la coalición de gobierno socialcomunista, en la que Podemos, poco a poco, va imponiendo sus tesis. Las últimas medidas del Gobierno no sólo logran derogar en la práctica reforma laboral de 2012, sino que van mucho más allá de una mera derogación, como muestran las medidas expuestas.

El vicepresidente Pablo Iglesias ha avanzado en la expropiación de las rentas empresariales haciéndoles asumir un coste que correspondería al sector público (el de mandar a los trabajadores a sus casas). Algo inédito en una economía de mercado avanzada como España, incluso en circunstancias tan excepcionales como las actuales.

Con este marco, ¿para que sirven ahora las medidas de dotación de liquidez? Muchos empresarios denuncian que, al abocar a muchas empresas al cierre, ya no tendrá ningún sentido que pidan préstamos que irían, en parte, a pagar a trabajadores que están en casa.