El Gobierno sigue adelante con la criticada Ley de Vivienda: la aprobará antes de que termine enero

La ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha afirmado este domingo que el Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros del 18 de enero la criticada nueva Ley de Vivienda, que, entre otras cuestiones, permite a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas a las empresas propietarias de más de diez viviendas.

«Sí, la aprobaremos en el próximo Consejo de Ministros del día 18 de enero y la previsión es que podamos llevar a una segunda lectura y por tanto, aprobar ya definitivamente en el Gobierno esa ley. Y partir de ahí empezar lógicamente la tramitación parlamentaria», afirmó tras la presentación en el Pabellón de España en la Expo Dubái del Global Mobility Call, primer congreso mundial sobre la movilidad sostenible que tendrá lugar el próximo junio en Madrid.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de octubre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en primera lectura, con la intención de enviarlo al Congreso como proyecto de ley antes de que terminarse el año. Este texto ha sido negociado durante un año por los socios de Gobierno y ha sido uno de los principales focos de tensión política entre ellos en lo que va de legislatura.

Sánchez señaló desde Dubái que «en breve» tendrán el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y consideró que está «todo preparado» para llevar este proyecto de ley al Consejo de Ministros del 18 y para «su posterior tramitación», e indicó que no están «preocupados» por el contenido del informe.

Límite a los alquileres y penalización por viviendas vacías

Además, la Ley de Vivienda que en los próximos días aprobará el Gobierno ha sido criticada por el sector inmobiliario, que coincide en que su aprobación reducirá la oferta, empeorará el mantenimiento de los inmuebles y conducirá el mercado de alquiler a la economía sumergida. «Es verdad que en un primer momento se generó cierta inquietud por parte del sector, puedo aventurar a decir que ha sido una acogida positiva por el sector», ha intentado defender la ministra en declaraciones recogidas por Efe.

Para los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas, el texto prevé -sólo en zonas tensionadas- que el inquilino pueda pedirles prórrogas anuales del contrato hasta un máximo de tres años con la renta congelada. La nueva ley también contempla la penalización de las viviendas vacías, pues el anteproyecto prevé que los ayuntamientos apliquen un recargo del 50 % en la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las que permanezcan desocupadas sin justificación más de dos años; del 100 % si está vacía más de tres años y del 150 % si el propietario tiene cuatro inmuebles desocupados en el mismo término municipal.