Las gasistas confían en que la CNMC rebaje el hachazo a la retribución
El sector de las gasistas se personó durante los últimos días de febrero ante el Consejo de Estado para presentar sus alegaciones contra el nuevo modelo de retribución de las distribuidoras de gas propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Fuente del sector remarcan a OKDIARIO que «a pesar de todo lo que ha pasado hasta el momento, confiamos en que la CNMC rectifique su posición».
El pasado jueves tuvo lugar una reunión de la comisión permanente del órgano consultivo, que se reunió para valorar las alegaciones y también para estudiar la propuesta de Competencia. Fuentes del mercado remarcaron a OKDIARIO que «a partir de ahí todo podría volver al principio si el órgano consultivo considera que las alegaciones de la empresa tienen fundamento, tal y como ha sucedido con la circular de Competencia que recortaba los peajes del gas».
Por el momento las compañías del sector tendrán que esperar a que el organismo presidido por José María Marín Quemada, haga públicas las nuevas circulares. La CNCM puede retrasar su publicación hasta finales de año ya que la nueva retribución que afectará a las distribuidoras de gas no entrará en vigor hasta enero del próximo año. En el caso de que Competencia finalmente opte por no modificar su propuesta, las compañías del sector solo tendrían como opción emprender acciones judiciales para defender su posición.
Nuevas inversiones paralizadas
Ante el ‘hachazo’ propuesto por el organismo, Naturgy suspendió de forma temporal sus inversiones en nuevas redes de gas, una actividad que desarrolla a través de su filial de distribución Nedgia. La empresa dirigida por Francisco Reynés no fue la única, ya que Madrileña Red de Gas también suspendió sus nuevas inversiones en distribución hasta que no se resuelva la incertidumbre generada por las circulares de la CNMC.
Otra de las consecuencias que la propuesta de Competencia ha tenido es que Nedgia ha decidido ampliar hasta el próximo 29 de febrero la suspensión temporal de la obligación de trabajar para unos 300 empleados de la compañía, adoptada el pasado mes de septiembre. Esta decisión de prorrogar la medida se produce ante la incertidumbre todavía existente respecto a la regulación, y la nueva propuesta del organismo que Naturgy considera insuficiente.
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