Fomento, sindicatos y patronal negociarán esta semana las condiciones laborales de la seguridad privada

El Gobierno arrancará, previsiblemente esta semana, junto a organizaciones sindicales y empresariales, las reuniones para analizar la situación en los servicios de seguridad privada, especialmente en aquellas infraestructuras de carácter público, con el fin de abordar las condiciones laborales y de contratación pública en estos servicios, y abrir un grupo de trabajo.

Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso para explicar las actuaciones seguidas durante el conflicto laboral en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat entre la empresa Eulen, adjudicataria del servicio de seguridad, y sus trabajadores, que reclamaban un aumento de la plantilla y mejores condiciones laborales.

El ministro ha explicado que este grupo de trabajo analizará «cuantas cuestiones contribuyan a la mejora del servicio y las condiciones de trabajo de la seguridad privada en el transporte terrestre, marítimo y aéreo», con «especial incidencia», ha dicho, en la contratación pública, la estabilidad laboral, la formación profesional en el sector, los tiempos de trabajo y la seguridad y la salud laboral.

Este grupo de trabajo, propuesto por las organizaciones sindicales y aceptado por el Gobierno, estará compuesto por 16 miembros: ocho representantes de la Administración General del Estado, cuatro de las organizaciones sindicales y otros cuatro de organizaciones empresariales.

Interior y Empleo también participarán

En él no solo estará presente el Ministerio de Fomento, sino también estarán involucrados otros departamentos, como los de Interior –este tipo de empresas colaboran con sus servicios en infraestructuras estratégicas donde no alcanza con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado– y Empleo –habida cuenta que el sector ya cuenta con un convenio colectivo–.

De la Serna ha explicado además que en paralelo se pondrá en marcha otro grupo de trabajo -este con ocho miembros: cuatro por parte de la Administración, dos de los sindicatos y otros dos de la patronal– para definir los objetivos y agilizar los trabajos de esta comisión.

El titular de Fomento ha asegurado que la aceptación por parte del Ejecutivo de este grupo de trabajo ha tenido «como consecuencia» la desconvocatoria de «protestas similares» que estaban previstas en otras infraestructuras por parte de trabajadores de la seguridad privada, como en Santiago y A Coruña y en Barajas.