¿Mejorará la situación económica en Italia tras Renzi?

La victoria del brexit consiguió durante unos meses desviar el foco de Italia, un país que se encuentra al borde de padecer una importante crisis bancaria que podría contagiar al resto de miembros de la eurozona.

Italia vuelve a aparecer en las portadas de los principales periódicos del mundo ya que Matteo Renzi se ha visto obligado a renunciar como primer ministro tras perder el referéndum constitucional que planteaba cambiar un total de 43 artículos de la Constitución de 1948 resultando en una nueva crisis política en la UE.

Su sucesor necesita adoptar medidas urgentes para ahuyentar una crisis económica que se cierne peligrosamente sobre Italia. La italiana es hoy una de las economías más frágiles de Europa, pese a ocupar la cuarta posición por tamaño en el Viejo Continente. Su deuda pública se sitúa en el 135% del PIB y la tasa de desempleados es una de las mayores de los países miembros de la UE, sólo superada por Grecia.

Su economía lleva varios años sobreviviendo con muchos apuros -debido, en parte, al exceso de regulación y a la débil productividad-, moviéndose entre el estancamiento y la deflación.

Los bancos italianos sufren serios problemas provocados por los denominados préstamos malos, que suman unos 360 mil millones de euros. Esta cantidad es el equivalente a una quinta parte del PIB de Italia.

Con una provisiones conjuntas para el 45% del total, los bancos más débiles van a lastrar el crecimiento del país, y probablemente vayan a la quiebra.

El precio de las acciones de los grandes bancos italianos ha caído en picado desde la mitad del mes de abril de este año, provocando la huida masiva de los inversores, especialmente desde la victoria del brexit.

A día de hoy, la mayor preocupación de los economistas transalpinos es la solvencia del considerado banco más antiguo del mundo: el Monte dei Paschi di Siena. Esta entidad financiera no ha podido recuperarse porque todos los intentos realizados para reflotarlo han fracasado estrepitosamente.

Este caso es fiel reflejo de los males que aquejan a la zona euro: por un lado, las tensiones entre la regulación de Bruselas y las exigencias de las políticas nacionales; por otro, los conflictos entre acreedores y deudores.

Ante el escenario de un nuevo Gobierno, el Estado italiano debe hacer de manera urgente una limpieza integral en su sistema bancario e inyectarle capital. Sin embargo, según marcan las nuevas reglas de la eurozona, los bancos no pueden ser rescatados a menos que sus tenedores de bonos acepten primero pérdidas.

Esta decisión de Bruselas es bastante lógica, pues son los acreedores, en lugar de los contribuyentes, los verdaderos afectados. Esta normativa se planteó así ya que en la mayoría de los países los bonos de los bancos forman parte de las carteras de inversores institucionales, que conocen sus riesgos y pueden asumir sus pérdidas.

Sin embargo, en Italia, gracias a su peculiar código fiscal, 200 mil millones de euros de esos bonos están en manos del inversor retail o “minorista”. La consecuencia inmediata es que muchos italianos podrían perder todo o una gran parte de su dinero.

El tiempo apremia y la situación no parece que mejore. Un rescate, en la situación actual, podría derivar en nuevas elecciones. Estaremos atentos a las decisiones políticas que, una vez más, influirán de manera irremediable en las económicas.