Estos son todos los privilegios económicos que Sánchez aprobará a sus socios golpistas

• Patricia Sanz
• Abogado, periodista y máster tributario de Garrigues. Antes, asesora fiscal por Luxemburgo y España, ahora, redactora jefe de Economía de OKDIARIO.
• • 10/01/2024 06:45
  • Actualizado: 10/01/2024 08:13

Año nuevo, vida no tan nueva para Pedro Sánchez. Una legislatura más, el jefe del Ejecutivo gobierna en absoluta dependencia de sus socios, en esta ocasión, de lo malo, lo peor: golpistas y bilduetarras. El Pleno del Congreso que se celebra este miércoles pretende tramitar tres Reales Decretos-Ley (RDL) por la vía de la urgencia, sin consenso mínimo y tarde. Pero el problema no es ya el cómo, sino el qué y a quién. Pasen y lean todas las cesiones que este maniatado presidente otorgará a Junts, Esquerra, Bildu y PNV, cuatro fuerzas políticas que representan a apenas millón y medio de españoles, privilegiados frente al 97% restante.

El primero pero no menos importante es el Real Decreto Ley 6/2023 por el que el socialista busca acometer reformas de los servicios públicos de Justicia -de eficiencia digital y procesal-, Función Pública, así como del Régimen Local y Mecenazgo.

Con la aprobación de este texto legal, se acometería la invasión de más instituciones, en concreto, del sistema funcionarial español. La norma permitiría colocar a interinos de forma discrecional en los grupos A1. Es decir; se violaría la independencia de la carrera funcionarial.

Además, se prevé la transferencia de habilitados nacionales (secretarios, interventores y tesoreros de ayuntamientos) al País Vasco. También, la minoración del requisito de los 5.000 a los 4.000 habitantes para que el municipio de Usansolo se pueda segregar, con todas las derivadas económicas que ello conllevaría. Ambas cuestiones, cesiones directas al PNV, en cumplimiento directo del acuerdo de investidura de Sánchez.

Por su parte, Cataluña se granjearía que la Ley de Bases de Régimen Local se aplicase conforme a su Estatuto, es decir; un auténtico reconocimiento de derechos históricos en materia de régimen local cuya aprobación no compete, ni mucho menos, a un Gobierno nacional de turno.

Subsidio por desempleo

Siguiente decretazo. El RDL 7/2023, que pretende transponer una directiva europea sobre la conciliación de la vida familiar y profesional, reformar el subsidio por desempleo y permitir que los convenios colectivos autonómicos prevalezcan sobre los nacionales. Ésta última medida es uno de los pagos políticos del PSOE al PNV y que debió primero consultarse con la patronal y sindicatos, como explicó la propia CEOE a OKDIARIO.

En cuanto a la modificación de la ayuda al paro, bastante cuestionable pues olvida la verdadera reforma que quizás un Ejecutivo más preocupado por sus ciudadanos acometería: las políticas activas de empleo. Atajar el problema y no sólo sus consecuencias. Recordemos que somos el país peor parado de la OCDE en desempleo juvenil, femenino y de mayores de 50 años. También se da la paradoja de que el número oficial de parados desciende a la vez aumentan los perceptores de la prestación por desempleo. La incógnita la resuelven los ‘fijos-discontinuos’, ese invento de Yolanda Díaz para maquillar el dato de paro y que es ahora el causante de que se cobren más ayudas. Doblemente paradójico resulta que los que no computan como desempleados aunque estén trabajando la mayor parte del año, sean los que ahora más incrementen las solicitudes de subsidio por desempleo.

Pensiones e impuestos

El tercero, el RDL 8/2023, nos afecta a todos: pensiones e impuestos. So pretexto de revalorizar las pensiones o de prorrogar importantes medidas fiscales, Sánchez cuela por la puerta de atrás los privilegios de sus socios. Por ejemplo, con la cesión del impuesto a la banca y a las energéticas a País Vasco y Navarra, tal y como acordó con el PNV. O con la agilización de la licitación y ejecución de determinadas infraestructuras viarias en Cataluña, como pago a Junts y ERC.

Hay que reconocerle a Sánchez que es cuanto menos audaz colar estos privilegios en cuestiones tan necesarias como un IVA más bajo en los alimentos, los descuentos en el transporte público, medidas contra la sequía, la supresión del cobro de comisiones bancarias por retirada de efectivo en ventanilla a los mayores y discapacitados o la autorización de la percepción de los fondos europeos, entre otros.

¿Todo vale para desbloquear 10.000 millones de euros de fondos europeos o para mantener las rebajas fiscales hasta final de año? ¿O es mejor aguantar y ver caer a Sánchez para que se pueda dar paso a un gobierno de tecnócratas que solucione la situación en la que nos ha embarrado?