Los españoles pagan cada año 233 millones de euros a los sindicalistas a través del IRPF

Los afiliados sindicales se benefician de unas deducciones fiscales de 233 millones de euros anuales por el simple hecho de financiar las distintas organizaciones creadas en España para, en teoría, defender los derechos de los trabajadores. Según datos de la Agencia Tributaria a los que ha tenido acceso OKDIARIO la desgravación media que se aplicaron estos sindicalistas en el IRPF de la pasada Campaña de la Renta asciende a 128 euros.

Las cifras de Hacienda revelan que hay 1,8 millones de ciudadanos que declararon el pasado año haber pagado cuotas sindicales para poder acceder a las deducciones fiscales, una cifra inferior a la oficial que publican las organizaciones, lo que supone que los sindicatos engordan su volumen de afiliados para lograr una mayor legitimidad social.

La Ley del IRPF establece que las cuotas satisfechas a los sindicatos tienen la consideración de gastos deducibles. La cuantía total pagada por las cuotas se desgrava reduciendo la base imponible de los rendimientos del trabajo y, según las fuentes laborales consultadas, no suelen estar incluidas en el borrador de la Renta que envía la Agencia Tributaria. Esto implica que los afiliados que quieran deducirse sus cuotas deben marcarlo manualmente o, en su defecto, realizar la declaración completa indicando el pago de las mismas.

El ahorro medio que supone para un afiliado este beneficio fiscal se sitúa entre el 20% y el 35% de las cuotas, según datos los cálculos realizados por CCOO y UGT, dependiendo de la base imponible que tenga cada trabajador. Los abonos deben justificarse mediante recibos bancarios o el recibo físico de nómina donde viene reflejado el concepto y su importe.

“No es necesario disponer del certificado de cuotas pagadas en el momento de hacer la declaración, es suficiente con indicar el importe anual. En el caso de que la Agencia Tributaria lo solicite, podéis contactar con vuestras respectivas Federaciones Provinciales y os proporcionaran un Certificado Oficial”, indica UGT a sus afiliados en su web.

Esto supone que, además de las subvenciones directas, los españoles también financian a los sindicatos por esta vía fiscal indirecta, ya que una deducción implica que hay menos recursos para financiar otras partidas de gasto público. A pesar de que este tipo de desgravaciones incentivan la actividad sindical, las dos mayores organizaciones, CCOO y UGT, han perdido casi la mitad de sus afiliados desde el inicio de la crisis, pasando de 3,2 millones en 2008 a los 1,9 millones que figuraban en los registros de estas organizaciones a finales de 2014.

Los sindicatos atribuyen la caída de los afiliados al aumento del desempleo y a lo que denominan el “efecto de tramitación”, por el cual los trabajadores inmersos en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se afilian a una organización para gestionar sus indemnizaciones y, una vez cobradas y pagado el correspondiente porcentaje al sindicato, causan baja en el mismo.

Todo ello se enmarca en un proceso de descrédito de las principales organizaciones sindicales, que se han visto salpicadas por casos de corrupción y por la eterna sospecha de su financiación irregular a través de partidas de dinero público, como la destinada a la formación de trabajadores y parados. De hecho, el Ministerio de Empleo ha decidido excluir a CCOO y UGT de la gestión de los fondos, junto con la patronal CEOE, y a partir de ahora será más importante que nunca que los ingresos provengan de sus afiliados.

Una vez retirado el maquillaje estadístico, los 1,8 millones de afiliados que pagan sus cuotas sindicales representan un 10,3% del volumen total de trabajadores que están dados de alta en la Seguridad Social. Es decir, que tan sólo uno de cada diez empleados españoles pertenece a un sindicato. Esta cifra queda muy lejos del porcentaje del 15% o del 20% que suelen publicitar los responsables de CCOO y UGT para justificar su posición a la hora de negociar con el sector público y las empresas.