España pierde otro arbitraje por el impago a las renovables: pagará 39 millones a la japonesa Mitsui

España vuelve a perder otro arbitraje internacional por el impago a las renovables, en este caso frente a la empresa japonesa Mitsui, a la cual deberá abonar 39 millones de euros, según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes cercanas. Este sólo es un caso más, pues la deuda española con las empresas que invirtieron en su momento en este sector alcanza ya los 1.885 millones de euros. Los fondos habían ofrecido a Teresa Ribera, ex ministra de Transición Ecológica, una oferta para cerrar el conflicto y acabar con las reclamaciones, que ya han originado varios embargos de bienes españoles en el extranjero, pero siempre recibieron un no por respuesta.

En concreto, en esta ocasión, el Reino de España ha sido condenado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El fallo impone una indemnización a la empresa japonesa Mitsui & Co. con un total de 39,2 millones de euros, como resultado de un arbitraje internacional relacionado con los recortes a las primas a las energías renovables.

El laudo fue emitido el pasado 6 de marzo y confirmado en mayo y reconoce la obligación de España de pagar 31,5 millones de euros en concepto de daños, más 5,5 millones en intereses de demora.

Por otro lado, la condena internacional impone el pago de 215.000 euros por los costes del arbitraje y otros 2,2 millones por la condena a sufragar las costas legales en las que incurrió la empresa demandante.

Nuevo caso de impago a las renovables

La japonesa Mitsui había reclamado inicialmente 199 millones de euros por las pérdidas sufridas tras los cambios implementados por sucesivos gobiernos españoles que, entre 2010 y 2014, revirtieron de forma retroactiva las primas renovables, algo que afectó a numerosas empresas a nivel internacional y que está generando una deuda cada vez más creciente en las cuentas españolas.

En este caso, la compañía nipona, con una destacada presencia internacional en sectores como la energía, las infraestructuras o la industria, invirtió en proyectos de energías renovables en España que se vieron afectados por la reforma del sistema de primas, lo que dio pie al litigio, cuya legitimidad se articuló invocando el Tratado de la Carta de la Energía.

En estos momentos, según las mismas fuentes, España no puede recurrir la decisión del arbitraje, aunque sí puede tratar de anularla a través de otras instancias. No obstante, dada la experiencia, las fuentes prevén que los Tribunales ratifiquen esta decisión, que acabará finalmente en algún embargo al Reino de España, algo que ya se ha dado.

De hecho, este caso no es el único. El laudo japonés se suma a otras 25 decisiones similares emitidas por el CIADI en los últimos años, en las que también se ha fallado en contra de España por los recortes retroactivos de las primas renovables. Esta circunstancia ha motivado un creciente debate sobre la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria en el sector energético español.

En total, los 26 laudos que condenan a España suponen una obligación de pagar 1.510 millones de euros en concepto de indemnizaciones, cifra a la que hay que sumar 375 millones más debido a las condenas en costas, honorarios de abogados y consultores, intereses de demora… Por ello, la cifra agregada asciende ya a 1.885 millones de euros, aunque puede ser mayor si los casos se van acumulando.

De hecho, los fondos y empresas que invirtieron en España advierten de que, cada minuto que pasa, la deuda va aumentando debido a los intereses de demora que generan los arbitrajes y los juicios perdidos por Ribera en diferentes juzgados de Reino Unido, Australia, Estados Unidos o Bélgica.

El origen de este problema se remonta a la etapa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su ministro de Industria, Miguel Sebastián, aprobó en mayo de 2007 dar una prima del 25% a las inversiones en energías renovables para potenciar el uso y la expansión en el país de la energía verde. Un 25% de retorno a todos los inversores.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, en 2012, y para hacer frente a la grave crisis económica que heredó de Zapatero, decidió rebajar unilateralmente esas primas del 25% al 7%. Los fondos que invirtieron en España iniciaron entonces una batalla en el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, para reclamar a España por el golpe a sus inversiones.

Sin embargo, Teresa Ribera decidió seguir la estrategia judicial de no pagar esos arbitrajes apoyándose en resoluciones de la UE. La contestación de estos fondos fue acudir a los juzgados ordinarios para reclamar su dinero, estrategia que les está saliendo bien porque ya hay jueces de países como Reino Unido, Australia, Bélgica y Alemania que han sentenciado contra España.