El combustible subirá en octubre: la inacción de Cuerpo podría traer a España el diésel más caro de su historia
El Ejecutivo planea hacer chantaje con la prórroga del descuento en los carburantes para avalar los Presupuestos

España se juega un otoño asfixiante a partir del próximo 1 de octubre si el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no firma una nueva prórroga de las rebajas fiscales vigentes. La inacción del Gobierno, junto a la incertidumbre del contexto geopolítico y el encarecimiento del petróleo, podrían desatar una subida automática e histórica del precio del diésel y la gasolina. En algunos casos, el gasóleo llegaría a costar 2,45 euros el litro.
El Gobierno ha manifestado sus dudas sobre qué camino fiscal tomar ante la falta de certidumbre respecto al precio de los carburantes a medio plazo. Cabe recordar que las bonificaciones a las que sólo les queda una semana de vida fueron aprobadas teniendo en cuenta un contexto de desequilibrio en Ormuz, pero con vistas a una mejora próxima.
Sin embargo, a pocos días de finalizar septiembre, los precios de los carburantes son todavía más altos que los registrados en marzo, cuando se adoptó esta decisión, y no únicamente por las tensiones geopolíticas.
Con una inflación del 4,3% en agosto, el precio medio del litro de gasóleo ha repuntado en una semana hasta los 1,934 euros de media y la gasolina ha escalado hasta los 1,927 euros, alcanzando nuevo máximo anual tras once semanas consecutivas de subidas.
Por lo tanto, el parche que aún sostiene el surtidor es mínimo y tiene fecha de caducidad: desde el 1 de septiembre, el gasóleo tiene una rebaja de 20 céntimos por litro y la gasolina de 5 céntimos. Este descuento equivalía a 15 céntimos en julio, a 10 en agosto y ha ido desapareciendo a medida que la situación, lejos de mejorar, empeoraba. Para octubre, a siete días de empezar el mes, no hay rebajas aprobadas mientras la vida es mucho más cara para los españoles.
A día de hoy, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta más de 100 euros. Cuando caiga el escudo, cada repostaje subirá automáticamente 12,10 euros en el caso del diésel, porque esos 20 céntimos son en realidad 24,2 céntimos con IVA. Para el ciudadano que usa el coche para ir a trabajar, es en realidad un impuesto encubierto de unos 50 euros al mes.
Dudas con renovar el plan ‘anti crisis’
El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 18/2026 dentro del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio con 402 millones de euros y tres patas: bonificación del gasóleo profesional de hasta 20 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre, ayudas directas de 1.350 euros para pesados de GLP/GNC y de 499 euros para ligeros, y una reducción temporal adicional del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Dada que la situación actual es todavía peor que la de hace seis meses, lo lógico sería prorrogar las rebajas fiscales. Sin embargo, el Gobierno ahora ha constatado que realmente la escalada de precios ha absorbido nueve céntimos de euro de la bonificación en el caso de la gasolina -prácticamente la mitad de lo que se descuenta- y cinco céntimos en el caso del gasóleo.
En este sentido, la patronal de gasolineras ya ha pedido al Gobierno que vuelvan las bonificaciones porque reconoce que la coyuntura es insostenible. A su vez, los de Sánchez se arriesgan a volver a poner 20 céntimos lineales y que acaben de nuevo en margen para el refino.
De hecho, la patronal de los transportistas, Fenadismer, dice que el sistema vigente sólo ha servido para engordar la cuenta de resultados de las empresas petroleras. A los pequeños camioneros no les ha salvado de seguir perdiendo dinero mientras trabajan.
Es por ello que fuentes conocedoras apuntan que la idea del Ejecutivo pasa por ajustar las rebajas a los colectivos sociales más vulnerables a la subida de los carburantes y no renovar una ayuda generalizada a cualquier conductor.
Por último, pese a contar con muchas otras razones, a los de Sánchez les importan sacar provecho de la situación e intentarán volver a poner contra las cuerdas al resto de grupos parlamentarios a costa de la prórroga. Pese a tratarse de un problema que debe solucionarse a contrarreloj, el Ejecutivo planea utilizarlo como chantaje para sacar adelante los Presupuestos de 2027. Es decir, Cuerpo no pretende regalar la prórroga sin sacar rédito político.