Competencia da luz verde al cierre de la térmica de Anllares propiedad de Naturgy y Endesa

Térmica de Anllares
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) da luz verde a la petición de cierre de la central térmica de Anllares (León), propiedad de Naturgy y Endesa.

De esta manera, el regulador se pronuncia sobre la solicitud formulada por la Dirección General de Política Energética y Minas respecto la propuesta para el cierre definitivo de la central de Anllares, que presentó la Comunidad de Bienes Central Térmica de Anllares, sociedad participada en un 66,67% por la antigua Gas Natural Fenosa y en un 33,33% por Endesa, al Gobierno en mayo del año pasado.

En su informe, la CNMC señala que el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), considera que el cierre de Anllares “no tendría incidencia en la seguridad del sistema ni en la garantía de suministro eléctrico durante los próximos años”.

REE, en su calidad de operador del sistema y gestor de la red de transporte, emitió el 21 de julio de 2017 un informe respecto a la viabilidad del cierre de la central.

En este informe, REE realiza una evaluación del impacto del cierre de la central de Anllares en la cobertura global del sistema eléctrico en el medio plazo, el correspondiente al periodo desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018, considerando que no es relevante la reducción de potencia disponible en el sistema que provocaría el cierre de Anllares.

En lo que se refiere al horizonte a largo plazo, en el análisis de cobertura de la demanda eléctrica peninsular, el informe indica que en todos los escenarios de crecimiento de demanda, bajo la hipótesis de la retirada de servicio adicional de 4.000 megavatios (MW) en centrales de carbón a partir de 2019 y sin considerar la incorporación de nueva generación térmica ni de bombeo, se evalúa un margen suficiente para cubrir la demanda punta prevista más una reserva de operación de 2.000 MW hasta el año 2022, por lo que el cierre de Anllares no tendría ningún impacto.

Anllares, puesta en servicio en 1982, cuenta con una potencia máxima neta de 346,8 megavatios (MW) y no dispone de las instalaciones de desulfuración, encontrándose acogida a la denominada ‘excepción por vida útil limitada’ de la Directiva 2010/75 de la UE de Emisiones Industriales, por lo que su cierre es obligado antes de finales de 2013.

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