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Repsol, BP y Cepsa usan a sindicatos y discapacitados para prohibir las gasolineras automáticas

Repsol, BP y Cepsa usan a sindicatos y discapacitados para prohibir las gasolineras automáticas
Gasolinera (Foto: Getty images)
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Las grandes petroleras que dominan el mercado de la distribución de carburante en España (Repsol, BP y Cepsa) están usando a los sindicatos y a las asociaciones de discapacitados para intentar que el Gobierno prohíba las gasolineras automáticas. La irrupción de estas estaciones de servicio amenaza un jugoso negocio que permite a las citadas compañías aplicar un sobreprecio medio del 12% al combustible.

La iniciativa ha sido articulada mediante una campaña liderada por los sindicatos UGT y CCOO, junto con las patronales CEEES y Aevecar y la Confederación de Personas Discapacitadas (Cocemfe), con la que se pretende recoger medio millón de firmas para promover una Legislativa Popular (ILP) que, bajo el pretexto de garantizar la seguridad, el empleo y los derechos de los consumidores, quiere aumentar aún más las barreras que tienen las estaciones de servicio automáticas para desarrollar su actividad,

El lema de la campaña es “Una firma por 65.000 empleos” y quiere “defender el papel que las estaciones de servicio”han tenido y deben seguir teniendo en las carreteras como lugares de repostaje, encuentro, descanso y centro de soluciones para los conductores y sus acompañantes”.

El sindicato UGT ha emitido un comunicado en el que considera que la proliferación de las gasolineras automáticas (a pesar de las barreras que ponen municipios y comunidades autónomas a la hora de conceder licencias) “está amenazando los empleos y el futuro de las familias” de los actuales trabajadores de las estaciones de servicio tradicional. Según sus cálculos se han destruido 2.700 puestos de trabajo en los últimos años por la apertura de 500 estaciones desatendidas.

Esta iniciativa se lanza justo en un momento en el que la Comisión Europea está estudiando denunciar a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE por las dificultades y obstáculos que están poniendo algunos gobiernos regionales y ayuntamientos para la apertura de nuevas gasolineras automáticas.

De momento Bruselas ha interpelado a varias comunidades autónomas que han regulado para evitar la implantación de estaciones de servicio desatendidas a pesar de carecer de competencia para ello, tal como señaló el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en una sentencia del pasado febrero en la que tumbó el decreto del gobierno regional que obliga a tener al menos un empleado siempre presente en las estaciones de servicio.

Tras el recurso del ejecutivo balear la cuestión ha llegado al Tribunal Supremo que, con su decisión, sentará jurisprudencia y eliminará las dudas sobre la verdadera capacidad que tienen las comunidades autónomas para legislar sobre esta materia.

Las dos Castillas, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Andalucía son las regiones en las que sus gobiernos han creado regulaciones ad hoc para evitar que se abran estaciones de servicio automáticas que amenacen el oligopolio de las grandes petroleras.

Según denuncia el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), Manuel Jiménez, cuando se aprueban esta leyes autonómicas no existen informes ni estadísticas ni expertos que motiven la decisión, simplemente se invocan razones que sólo tienen que ver con intereses creados para que existan barreras a la entrada de competidores”.

A este respecto el presidente de Aesae denuncia el “control férreo” que imponen las petroleras Repsol, Cepsa y BP de la distribución de combustible en el territorio español “defendiendo un modelo de negocio basado en el privilegio” de no permitir a otros operadores desarrollar su actividad a pesar de que su estatus está regulado y obedece a los mismos patrones de servicio y calidad que el que realizan las gasolineras tradicionales.

Las dos principales críticas que reciben este tipo de gasolineras son que no son suficientemente seguras y que no facilitan la dispensación de carburante a las personas con discapacidad. En cuanto a la primera cuestión, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha dejado muy claro en numerosas ocasiones que todas las estaciones de servicio en España son seguras, incluyendo las desatendidas. Y en referencia a la cuestión de la atención a personas con algún tipo de discapacidad, Aesae muestra en un video cómo pueden obtener su carburante en este tipo de gasolineras sin necesidad de que exista personal presente, simplemente garantizando la accesibilidad.

Según confirman fuentes del sector energético español, tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) son conscientes de que se está produciendo un perjuicio para los empresarios de estaciones de servicio desatendidas y para los consumidores que deben pagar el citado sobrecoste por repostar debido a la estrechez de la oferta. El plan de las autoridades españolas es esperar a que la Comisión Europea se pronuncie para, posteriormente, tomar cartas en el asunto, como ha ocurrido en el caso de la reforma liberalizadora de la estiba.

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