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La OCDE critica la “falta de calidad regulatoria” del Gobierno expropiador de Colombia

La OCDE critica la “falta de calidad regulatoria” del Gobierno expropiador de Colombia
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. (Foto: EFE)
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), club que reúne a los países desarrollados, critica en un informe la “falta de calidad regulatoria y normativa” del Gobierno de Colombia, así como la “ausencia de transparencia” en la decisiones que adopta la Administración del país latinoamericano, que aspira a entrar en este organismo lanzando piedras contra su propio tejado, como la reciente expropiación y posterior liquidación de la filial de Gas Natural Fenosa: Electricaribe.

Los técnicos de la OCDE apuntan que a Colombia le queda todavía mucho recorrido de mejora para garantizar la seguridad jurídica, en línea con lo señalado por el informe publicado por la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) junto con el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo y avanzado por OKDIARIO.

El estudio de la OCDE, elaborado antes del atropello cometido con el grupo empresarial español que preside Isidro Fainé, critica que “no existe una institución única responsable de impulsar la mejora de la calidad regulatoria en Colombia” y que “las instituciones operan conforme al esquema vertical en la toma de decisiones que caracteriza el sistema presidencial” que dirige Juan Manuel Santos.

En el documento, el organismo reclama “un apoyo político fuerte a la mejora regulatoria que se traduzca en formas más efectivas de asegurar que se cumplan los principios de calidad normativa”. La OCDE aplaude las reformas emprendidas por Gobiernos anteriores, pero destaca que “no existen en Colombia estándares integrales acerca de cómo preparar las regulaciones”.

Además, el estudio considera que “el cumplimiento y la aplicación de la regulación debería complementarse mediante el acceso a un sistema de apelaciones que permita a ciudadanos y empresas impugnar las decisiones” de la Administración cuando atenten contra sus derechos. Precisamente si este mecanismo funcionara de forma adecuada Gas Natural Fenosa no se habría visto obligada a anunciar que presentará una demanda ante el CIADI por 1.000 millones de euros esta misma semana, tal como avanzó en exclusiva OKDIARIO.

La expropiación de Electricaribe ha generado un contencioso que va más allá de la disparidad de criterios entre una empresa y un Estado. La Comisión Europea ya ha manifestado que no comprende la intervención del Gobierno de Santos y el ministro de Economía, Luis de Guindos, indicó el pasado viernes que “la decisión que ha tomado Colombia no es la adecuada” y que el Ejecutivo español no considera que las cosas se hayan hecho bien.

“Lo que además es algo que creo que es importante para la propia Colombia que es la seguridad jurídica. En estas cuestiones a veces el consejo que yo le daría a otros gobiernos es que no es tanto el hecho en sí mismo, sino que efectivamente un hecho específico te puede afectar a un valor intangible pero que es vital, especialmente para una economía en desarrollo, que es la credibilidad, que es la seguridad jurídica. Porque este tipo de actuaciones no son las ideales desde el punto de vista de lo que son los flujos de inversión, que este tipo de países necesita de forma muy clara”, indicó el ministro.

La posición de la OCDE, el Gobierno español y las autoridades europeas, que rechazan la expropiación de Electricaribe, ha provocado que el resto de las empresas (colombianas y extranjeras) no se planteen a corto plazo invertir en el sector energético del país. La Cámara de Comercio de Colombia admite que es muy difícil que el Gobierno logre ofertas para adquirir Electricaribe porque todos temen que les pueda ocurrir lo mismo que al grupo español.

Y es que la intervención de la compañía por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia se produjo ante la imposibilidad de garantizar la calidad del servicio, pero no por la ausencia de inversiones del grupo español, sino por la elevada morosidad del sector público del país y por el fraude masivo, que no se persigue en los tribunales por intereses políticos.

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