Uber y Cabify preparan un ERE inminente para echar a la calle a 4.000 trabajadores en Barcelona

Las empresas que ofrecen servicio de conducción con licencias VTC en Barcelona se han puesto a trabajar ya en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) con los que despedirán a cerca de 4.000 trabajadores en Barcelona, según confirman a OKDIARIO fuentes de estas compañías. Se trata de empleados en nómina, dados de alta en la Seguridad Social, puesto que, a diferencia de lo que ocurre en el gremio del taxi (donde la mayoría son autónomos), en este caso, son conductores que trabajan para empresas en prácticamente la totalidad de los casos. De hecho, para poner en marcha un servicio de VTC (vehículos de transporte con conductor) la legislación obliga a tener un mínimo de siete coches.

Con estos despidos, que serán efectivos el próximo miércoles si las autoridades catalanas no rectifican, Uber y Cabify cerrarán operaciones ese día en Cataluña, cuando entre en vigor la nueva normativa que prepara la Generalitat. Será la primera ciudad del mundo en la que estas plataformas dejen de operar. Pero la batalla no quedará ahí. El sector ha avanzado que hará responsable de estos despidos y de este cierre a los políticos de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona que han impulsado estos cambios legislativos que se disponen a aprobar el martes.

Cuatrecasas, Broseta o Garrigues pleitearán

La batalla legal será amplia y dura. Según confirman a este periódico fuentes del sector, los mejores despachos de abogados del país están trabajando con las empresas afectadas por el fin de operaciones de VTC en Cataluña para preparar demandas por varios frentes. En el largo listado de bufetes figuran Gómez-Acebo & Pombo, Garrigues, Cuatrecasas, Broseta o Muñoz Machado, así como los servicios jurídicos internos de Uber Europa. Estas firmas tienen avanzada la estrategia de defensa que se seguirá para reclamar unas indemnizaciones a la Generalitat con un coste para las arcas públicas próximo a 1.200 millones de euros.

Según avanzan fuentes del sector, habrá demandas colectivas e individuales de empresarios afectados. Pero la línea de la estrategia de defensa será común con varios frentes abiertos. Se buscarán responsabilidades por la vía civil, penal y mercantil. Además, los afectados por la nueva normativa esperan que las autoridades de Competencia también se pronuncien en contra de estos cambios normativos que van a entrar en vigor en Cataluña. Así, habrá demandas contra la Generalitat y contra los artífices de la normativa. Entre ellos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damiá Calvet.

En una rueda de prensa que Unauto (patronal que agrupa al 90% del sector) ha celebrado esta mañana en Barcelona, los portavoces han mostrado su disposición a hablar y negociar con la Generalitat. Sin embargo, de manera extraoficial, en el sector se reconoce que hay pocas esperanzas de que la Generalitat rectifique, aunque no escatimarán esfuerzos para buscar una solución de aquí a la próxima semana.

Esas fuentes aseguran a OKDIARIO que no se va a cambiar la programación para adaptar a la nueva normativa la aplicación con la que dan servicio Uber y Cabify porque «no es un trabajo tan sencillo» y porque prohibir que se pida un vehículo en tiempo real impide rentabilizar el servicio, tanto por la pérdida de clientes, como por el impacto de esta nueva normativa en su modelo de economía de alcance.