Los empresarios estallan contra el Gobierno por resistirse a ampliar los ERTE más allá del 30 de septiembre

«La negativa a llevar los ERTE hasta fin de año y a otras medidas de flexibilidad es un enorme error que puede desembarcar en desaparición de empresas y destrucción de empleos». Así se ha pronunciado el presidente de CEIM y vicepresidente de CEIM, Miguel Garrido ante la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de sólo ampliar los ERTE hasta septiembre y no hasta diciembre como pedían los empresarios y los propios sindicatos. Los empresarios esperan que el Gobierno rectifique.

Salvo que las negociaciones en el seno del diálogo social prosperen, el Gobierno sólo está dispuesto a prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados al coronavirus hasta que persistan las restricciones a la actividad y, en todo caso, hasta el 30 de septiembre, lejos de las demandas sindicales y empresariales de alargarlos hasta el 31 de diciembre. De momento, la regulación de estos ERTE asociados al covid-19 está vigente hasta el 30 de junio.

En la cumbre para la reconstrucción económica que ha convocado CEOE, y en la que ya han participado el presidente de Inditex, Pablo Isla, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, el presidente de Mercadona, Juan Roig, entre otros, los grandes líderes empresariales avisaban de que es importante no derogar las reformas que han funcionado. Para las empresas los ERTE son importantes, por que les permitirá flexibilidad para incorporar al 100% de la plantilla en un momento en el que la facturación, los ingresos y los beneficios se verán resentidos por la crisis del coronavirus.

De hecho, este martes, el presidente de AC Hoteles by Marriot, Antonio Catalán, ha instado al Gobierno en el foro empresarial de CEOE a sostener los ERTE como sea, aunque sea a costa de más deuda: «A corto plazo, los ERTE, los ICO y los autónomos hay que sujetarlos hasta que la demanda empiece a funcionar».

El borrador del Gobierno

Según el borrador que el Gobierno ha trasladado a los agentes sociales, el Ejecutivo mantendrá también hasta el 30 de septiembre la «prohibición» de despido por causas objetivas, lo que en la práctica supone encarecer la indemnización a 33 días por año trabajado, frente a los 20 de los despidos procedentes. Una medida que los empresarios también critican porque no evitan en realidad el despido sino que, en la práctica, lo que provoca es más rigidez para las compañías, muchas de las cuales se ven abocadas al cierre por iniciativas de este tipo. La consecuencia: más paro.

Al mismo tiempo, el Gobierno se propone mantener también hasta el 30 de septiembre la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, lo que supone de facto prorrogar estos contratos aunque el empresario quisiera rescindirlos.

En lo que respecta a los ERTE, el texto del Gobierno establece que los expedientes de fuerza mayor derivados del covid-19 mantendrán su vigencia mientras existan restricciones que impidan o limiten la plena actividad de las empresas, englobando entre dichas restricciones las limitaciones a la movilidad, aforos y equivalentes y las medidas de prevención y contención sanitaria vinculadas al coronavirus. En todo caso, se precisa que la vigencia de estos ERTE finalizará el 30 de septiembre.

De acuerdo con el borrador del Ejecutivo, las empresas y entidades afectadas por los ERTE deberán proceder a reincorporar a los trabajadores, primando los ajustes en términos de reducción de jornada, y no podrán efectuarse horas extraordinarias ni concertarse nuevas contrataciones si la empresa tiene algún trabajador en el ERTE. «Dichas acciones podrán constituir infracciones en el ámbito social, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social», señala el Gobierno.

El texto contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTE (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de septiembre.

Menores exenciones de cuotas

La regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTE por fuerza mayor derivados del covid-19 establece una exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores.

Dichas exoneraciones se mantuvieron en mayo y junio y se establecieron otros porcentajes de exenciones en el caso de ERTE parciales, es decir, para aquellos casos en los que se fueran incorporando trabajadores a medida que las empresas recuperaran actividad.

En concreto, se fijaron exenciones en la cuota empresarial de entre el 45% y el 85% por los trabajadores afectados por un ERTE que se reincorporaran a su puesto de trabajo en mayo y junio. Ahora, para el periodo julio-septiembre, estos porcentajes se rebajan.

Así, en el caso de los trabajadores que vuelvan a la actividad a partir del 1 de julio, la empresa se beneficiará de una exención de la cuota empresarial por dichos trabajadores del 60% en julio y del 50% en agosto y del 40% en septiembre en el supuesto de que a 29 de febrero de este año su plantilla fuera inferior a 50 trabajadores. Si contaba con más de 50 trabajadores a dicha fecha, la exención alcanzará el 35% en julio, el 25% en agosto y el 15% en septiembre.

En el caso de los trabajadores que continúen con sus contratos suspendidos desde el 1 de julio, es decir, que sigan en el ERTE, el borrador del Gobierno establece que la exención empresarial será del 35% en julio, del 25% en agosto y del 15% en septiembre para las que tengan menos de 50 empleados. Si tienen más de 50, la exoneración será del 20% en julio, del 10% en agosto y del 5% en septiembre. En este caso, la exención se aplicará al abono de la aportación empresarial y a las cuotas por recaudación conjunta.

A los ERTE por causas organizativas, económicas, técnicas o de producción que se inicien tras la entrada en vigor del nuevo decreto les serán de aplicación las características especiales establecidas en la regulación del 17 de marzo. Se permitirá además que estos últimos se tramiten mientras estén vigente un ERTE de fuerza mayor.