Los impagos de luz y el fraude abren un agujero de 162 millones en la filial de Gas Natural Colombia

La filial eléctrica de Gas Natural Fenosa en Colombia, Electricaribe, sufre una oleada de fraude e impagos que ha situado a la compañía al borde del abismo financiero, justo en un momento en el que el Gobierno del país latinoamericano amenaza con la expropiación atribuyéndole la responsabilidad por la mala calidad del servicio. Al cierre del mes de junio, el agujero en la caja por la morosidad, la manipulación de contadores y las conexiones ilegales a la red eléctrica asciende a 527.000 millones de pesos colombianos, que al cambio actual suponen 162 millones de euros.

Según los datos internos que maneja la filial colombiana del grupo español que ahora preside Isidre Fainé, tan sólo un 16% de los clientes hacen frente a sus facturas en el plazo acordado sin que sea necesario realizar gestión de cobro alguna. Esto quiere decir que un 84% de los contratos presentan algún nivel de impago. El problema no se soluciona cortando el suministro a los morosos, ya que un 70% de ellos vuelven a conectarse a la red de forma ilegal para no abonar los importes pendientes de pago.

Los directivos de Electricaribe están haciendo frente a las amenazas de expropiación combinando la batalla jurídica con el diálogo mediante peticiones al Gobierno para que se cumplan las leyes y se persiga este tipo de conductas delictivas, aplicando las sanciones oportunas a aquellos usuarios de la red que roben la energía eléctrica.

“No se trata de un problema de pobreza, ya que los que se conectan ilegalmente o los que trucan sus contadores no son sólo personas sin recursos, sino gente que puede pagar pero que no lo hace ante la impunidad reinante en el país ante este tipo de delitos”, señalan fuentes del sector energético consultadas por este diario.

Una de las principales razones de que no se persiga a los clientes que no pagan es que es la propia Administración Pública la primera que no abona sus facturas. Tal como avanzó OKDIARIO, el Gobierno de Colombia es directamente responsable de la mala situación financiera que atraviesa la filial de Gas Natural Fenosa, debido a los impagos de las facturas eléctricas de servicios públicos como las del alumbrado de las calles, los colegios, los hospitales, las residencias de ancianos, las comisarías de policía y las infraestructuras. Si el Ejecutivo abonara el importe que tiene pendiente la empresa podría eliminar la deuda que le atenaza e, incluso, lograr músculo financiero para realizar nuevas inversiones.

“Es una industria ilegal que tiene su vida propia. Hay gente que hace que el medidor funcione solo la mitad del mes o incluso, con sistemas informáticos, logran que los contadores se apaguen cuando se ponen en marcha los aires acondicionados, y esto incluye al sector público (…) aunque la persona lleve robando toda la vida, la regulación solo permite cobrar el consumo de los últimos 5 meses”, indica la gerente en Colombia de Gas Natural Fenosa, Maria Eugenia Coronado, en una reciente entrevista al periódico colombiano El Tiempo.

Hasta el momento, la Corte Constitucional de Colombia ha prohibido a Electricaribe cortar el suministro a los organismos públicos, por lo que el déficit de caja de la compañía no para de crecer. La paradoja es que, al mismo tiempo que disfruta de electricidad gratis, el Gobierno ha obligado a Electricaribe a invertir 630 millones de euros extra para garantizar el suministro, un desembolso que, según las fuentes del sector consultadas, supondría la quiebra de la compañía que ya pasa por una delicada situación financiera.

En estos momentos Gas Natural Fenosa está dialogando con el Gobierno colombiano para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes en este conflicto. El grupo que ahora preside Isidre Fainé reitera que está comprometido con el desarrollo de Colombia y niega las acusaciones del Ejecutivo que lidera Juan Manuel Santos, que afirma que la compañía es responsable de la falta de mantenimiento de las infraestructuras que está provocando los apagones y mala calidad del suministro eléctrico.

El equipo jurídico de Gas Natural Fenosa considera que la legislación y las tarifas aplicadas por el Gobierno, junto con el fraude y la morosidad, son las causas que de verdad explican que haya empeorado el servicio eléctrico prestado por su filial. Es decir que una gran parte las deudas y pérdidas acumuladas por la empresa son responsabilidad directa del Ejecutivo colombiano.