Deloitte defiende que trabajó en Abengoa conforme a la normativa

Deloitte se ha pronunciado sobre la querella admitida este lunes en la Audiencia Nacional contra la entidad y Abengoa, por un presunto delito de estafa de inversores entre el 2014 y el 2016. La consultora internacional ha puntualizado que su trabajo se realizó conforme a la normativa y que el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) nunca cuestionó las cuentas relativas al último de estos ejercicios.

El juez Ismael Moreno ha admitido una ampliación de querella, en el marco de la causa en la que ya se investiga la supuesta alteración contable de las cuentas con efectos perjudiciales para sus socios y accionistas según fuentes de Europa Press.

Según fuentes de Deloitte, en el mismo momento en que se pusieron de manifiesto los problemas de liquidez de Abengoa en septiembre 2015, se incluyó por la consultora una incertidumbre material de viabilidad en nuestro informe de auditoría de las cuentas semestrales de 2015. Este tramite se realizó antes de la solicitud de pre-concurso por parte del consejo de administración.

Expediente ICAC

Según las mismas fuentes, el expediente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se refiere a falta de evidencia de documentación en papeles de trabajo, pero no contempla la necesidad de realizar ningún ajuste a las cuentas anuales de 2014. De hecho, esta institución revisó el trabajo de auditoría tanto de las cuentas anuales consolidadas cómo de las individuales sin encontrar más deficiencias.

Al mismo tiempo que la revisión del ICAC, el PCAOB estadounidense realizó una revisión paralela sobre los trabajos de auditoría de las cuentas de Abengoa de 2014 y no puso de manifiesto ninguna deficiencia, ni siquiera formal ni tampoco en papeles de trabajo, añaden en Deloitte.

Finalmente, la consultora apunta que el expediente del ICAC está recurrido ante la Audiencia Nacional y se han aportado dos pruebas periciales que soportan el trabajo del auditor en las áreas con deficiencias detectadas. La querella que dio origen a este procedimiento se admitió en febrero de 2017 contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega.

En ella, el juez investiga si las óptimas cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su situación difundida por sus administradores con anterioridad a su colapso financiero eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía. Una situación que en noviembre de 2015 les llevó a presentar la solicitud de pre-concurso.

El juez se basa en el informe aportado por la Plataforma de Afectados elaborado por el economista y auditor de cuentas Juan José Silva Clemente en el que se refleja la «sistemática ocultación de sustanciales pérdidas de los activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad Abengoa».