Déficit fiscal 2016: el más bajo en nueve años
El déficit del conjunto de Administraciones Públicas (Estado central + autonomías + ayuntamientos + Seguridad Social) fue en 2016 del 4,3% del PIB descontando las ayudas financieras. Es el más bajo de los últimos nueve años y el séptimo año consecutivo en que se reduce dicho desequilibrio.
Ninguno de los que hace un año criticó con vehemencia el incumplimiento del objetivo de déficit fiscal celebra ahora su cumplimiento en 2016. Esos críticos, el año pasado olvidaron que dos tercios de la desviación se explicaba por factores extraordinarios. Ahora, menosprecian el logro alegando que las metas se habían revisado al alza (cosa que también pasó en los años anteriores) y apelando a extrañas aritméticas (“si no se hubieran tomado medidas, el déficit habría sido mayor”, aunque esa sea precisamente la misión del gobierno: tomar medidas para alcanzar los objetivos deseados).
La presión tributaria fue la menor en cuatro años (37,9% del PIB). El gasto no financiero (excluye el pago de intereses) fue inferior al 40% del PIB por primera vez desde 2008 (39,4%). El gasto público está controlado como nunca antes en los 40 años de democracia. En 2016, el gasto público discrecional (gasto en personal + gastos corrientes + inversión pública) ascendió a 265.000 millones de euros. Eso es 2.000 millones de euros menos que en 2015 e implica una reducción del 11% desde 2011.
El gasto público total (gasto discrecional + pensiones y prestaciones + intereses de la deuda pública) alcanzó el año pasado a 470.000 millones de euros. Son 17.000 millones menos que en 2011. Rajoy es el único presidente de la democracia que cinco años después de haber llegado a La Moncloa presenta una reducción del gasto público.
A diferencia de los años anteriores, en 2017 la reducción del déficit fiscal tendrá la ayuda de una mayor inflación (que sube la recaudación de IVA y aumenta el PIB nominal). También habrá un ahorro adicional por la reducción del paro. Aun así, no hay margen para la complacencia: para colocar sus títulos a 5 años o más el Tesoro ya tiene que pagar más de lo que pagó en los últimos meses.
Además, el número de pensionistas seguirá aumentando y ya no se contará con la posibilidad de exigir un anticipo de impuestos a las grandes empresas, tal como se hizo el año pasado. Tampoco es sostenible indefinidamente el bajo nivel de inversión pública (en 2016 fue igual que en 1998).
Puestos en perspectiva, estos datos nos muestran lo fácil que es destrozar las finanzas públicas y lo difícil que es ordenarlas. Ya pasaron más de siete años desde que la Comisión Europea obligó a cambiar la política fiscal temeraria de ZP, Solbes y Salgado (subir el gasto público en épocas de bonanza y subirlo aún más en la crisis). Todo este tiempo no alcanzó para corregir el desastre realizado. ¿Cuántos años harían falta para corregir la eventual aplicación de las ideas económicas de la izquierda radical? Ojalá nunca lo sepamos.
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