BBVA pide menos gasto y copago sanitario para reducir el agujero de las cuentas públicas

Francisco González BBVA
El presidente de BBVA, Francisco González. (EFE)

La expansión del gasto público en los últimos meses ha detenido el ajuste en materia presupuestaria y los datos revelan que España no será capaz de cumplir con los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas los dos próximos años.

La necesidad de reducir la brecha entre gastos e ingresos obliga a adoptar una serie de ajustes, entre los que destacan las reformas estructurales que liberalicen los mercados, la reducción del tamaño del sector público y el avance de los sistemas de copago en materia de sanidad, educación e infraestructuras.

Crecer a una tasa del 3% no es suficiente para cerrar la brecha entre gastos e ingresos públicos

Éste es el diagnóstico que hace Rafael Domenech, economista jefe de Economías Desarrolladas del servicio de estudios de BBVA, en un informe presentado hoy en Madrid. La entidad espera que el déficit público se sitúe en el 4,5% del PIB en 2015 (tres décimas menos de lo comprometido por el Gobierno español) y del 3% del PIB el próximo año (dos décimas menos que la previsión del Ejecutivo).

Y el problema no se ciñe sólo a estos dos ejercicios, ya que la buena marcha de la economía española no será suficiente para lograr el tan ansiado superávit en 2008, cuando la diferencia entre gastos e ingresos será del 1,5% del PIB. Es decir que, ni siquiera con un crecimiento económico en el entorno del 3% los próximos años, la economía española podrá cerrar el agujero fiscal.

Mantener la «confianza de los acreedores»

Como principal medida para solucionar el problema, BBVA plantea “políticas de control de gasto público, de tal manera que se incremente la capacidad de generación de superávits de magnitud suficiente que permitan reducir el nivel de deuda pública a un ritmo consistente con el mantenimiento de la recuperación económica y el mantenimiento de la confianza de los acreedores”.

Deuda pública y privada de la economía española (Fuente: Banco de España)
Deuda pública y privada de la economía española (Fuente: Banco de España)

El servicio de estudios constata, tal como avanzó Okdiario, que el nivel de gasto público actual no es menor que el que existía al inicio de la crisis y, además, “los datos no respaldan la percepción que desde 2009 se haya producido un enorme recorte del gasto que comprometa gravemente los servicios públicos esenciales”, tal como defienden algunas formaciones políticas.

Esta reducción del gasto debe ir acompañado de reformas estructurales “que aumenten la ocupación y la actividad y, con ellas, la recaudación tributaria sin subir los tipos impositivos”, señala Domenech. La principal preocupación es reducir el impacto del sistema de la Seguridad Social sobre las cuentas públicas (en materia de pensiones, sanidad y dependencia), que es el principal reto al que se enfrentan las cuentas públicas españolas.

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El economista jefe del Grupo BBVA, Jorge Sicilia (d), y el economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, Rafael Doménech. (Foto: EFE)

Como medidas concretas, BBVA propone “ir hacia un mayor uso de los mecanismos de copago (especialmente en sanidad y universidades pero también en infraestructuras y transportes), bien diseñados para que nadie pueda quedar excluido en razón de su nivel de renta”.

En materia fiscal, Domenech plantea “ampliar las bases impositivas relevantes, manteniendo los tipos de gravamen los más bajos que sea posible” en IRPF e Impuesto de Sociedades, así como “aumentar el peso de la tributación indirecta”, como el IVA y “elevar los impuestos medioambientales”.

Educación y «calidad de las instituciones»

Estos ajustes por el lado de los gastos y los ingresos, deben acompañarse por “una mayor eficiencia del sector público, una mejora de los resultados del sistema educativo y de la formación profesional continua y, finalmente, una mayor calidad de las instituciones”.

Con todo ello, BBVA estima que el desempleo estructural español podría pasar del actual 18% al 6%, lo que inyectaría nueve puntos de PIB (unos 90.000 millones de euros) a la caja pública, lo que permitiría sanearla de forma sostenida de una vez por todas.

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