El CSIF corrige al Gobierno: la oferta de subida de sueldo a los funcionarios es del 6% y no del 9,5%
El Gobierno sube su oferta a los funcionarios y les ofrece que su sueldo aumente un 9,5% en tres años
Montero propondrá a los funcionarios una subida salarial del 3,5% para 2023 y compensaciones este año
El CSIF corrige al Gobierno y aclara que la oferta de subida salarial a los funcionarios es del 6% y no del 9,5%. «El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha mejorado su propuesta salarial en 1,5 puntos vinculados a objetivos variables. La última oferta plantea una subida global del 6% en 2022, 2023 y 2024, a la que se sumaría un 1,5 por ciento adicional vinculado a la evolución del PIB y del IPC», explica CSIF en un comunicado.
Sin embargo, el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado considera que «esta oferta es insuficiente, teniendo en cuenta los datos de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del colectivo de empleados públicos». En este sentido, matiza que en los últimos dos años se ha reducido más de un 10% el poder de compra y más de un 20 desde 2010, cuando el Gobierno socialista recortó el sueldo de los empleados públicos.
En concreto, la última oferta es la siguiente: un 1,5% para 2022 con efectos retroactivos a 1 de enero; un 2,5% fijo para 2023 (al que se le sumaría un 0,5% adicional vinculado a la evolución del IPC más otro 0,5 vinculado al PIB); y un 2% fijo para 2024 con una variable adicional del 0,5% vinculada a la evolución de los precios.
Medidas adicionales
La propuesta de acuerdo contempla una serie de medidas adicionales reivindicadas por CSIF en la negociación, 2pero el Gobierno no las ha concretado», dice el sindicato. Se trata de medias relativas a jornada laboral, clasificación profesional, igualdad de género, digitalización y diálogo social, atracción y retención del talento, extensión de dichas medidas a al sector público institucional en todo aquellos que les sea de aplicación y derogación de las medidas de ajuste vigentes del Real Decreto-ley 20/2012 y un compromiso para poner en marcha el teletrabajo, tramitar la Ley de Función Pública de la AGE, revisión de gastos de desplazamiento, personal laboral del exterior y la revisión del modelo organizativo de los centros penitenciarios.
Además de lo anterior, CSIF propuso en la negociación otra serie de medidas prioritarias que el Gobierno ha rechazado como la derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras o la supresión de las reglas de contención de gasto a los efectos de que las CCAA puedan proceder a la devolución a sus empleados públicos de las pagas extras de ejercicios anteriores pendientes de su reintegro, entre otras.
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