El Constitucional avala la ‘Ley Rider’ al rechazar una ponencia que proponía declararla inconstitucional

Aire para la conocida como ley Rider, la norma aprobada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y que prohíbe que las plataformas digitales puedan utilizar a trabajadores autónomos como repartidores. El Tribunal Constitucional (TC) ha comunicado que el pleno ha rechazado la ponencia que declaraba inconstitucional este decreto ley relativo a los repartidores de plataformas digitales.

El magistrado conservador del Constitucional, Ricardo Enríquez, ponente del recurso, ha decidido retirar su ponencia, que estimaba el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra la ley Rider al no contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante ante la negativa de la mayoría progresista que existe ahora en el tribunal que preside Cándido Conde Pumpido. Enríquez ha tomado esta decisión al constatar que la mayoría progresista no iba a respaldar su ponencia que, sin embargo, no se ha llegado siquiera a someter a votación.

Así las cosas, se ha decidido que se delibere primero la ponencia del magistrado progresista Ramón Sáez -sobre el recurso ‘popular’-, que plantea avalar el decreto-ley cuestionado.

Fuentes de la corte de garantías explican que Enríquez entendía que no existía la extraordinaria y urgente necesidad que se requiere para regular vía decreto-ley, considerando que se podía haber optado por el trámite legal habitual.

Sin embargo, la mayoría de sus compañeros ha estimado que el asunto sí requería esa extraordinaria y urgente necesidad, por lo que en base a la ponencia de Sáez acabarán validando el decreto-ley, avanzan las citadas fuentes.

Vox y PP impugnaron el decreto-ley con el que el Gobierno obliga a contratar a los repartidores por considerar que el Ejecutivo hizo un «uso abusivo» de este instrumento normativo.

Los de Santiago Abascal alegaron que el uso del decreto-ley es algo «excepcional» y que con su utilización «se está esquivando» el debate de una norma que, por otra parte, critica por considerar que «puede llevar al paro y la miseria a un colectivo que necesita ayuda».

En la misma línea se pronunció el PP, denunciando que «no hay extraordinaria y urgente necesidad» que motive la norma, sino la necesidad urgente de saltarse al Congreso.