El Congreso aprueba el impuesto a la banca pero tumba los de socimis, diésel y seguros de salud

El Gobierno se ha salido con la suya a medias en su plan de subida masiva de impuestos. Así, ha conseguido que el Congreso de los Diputados apruebe el impuesto a la banca tras el cambio de opinión de última hora de Podemos, de quien dependía la mayoría en la votación. Sin embargo, no ha podido sacar adelante las alzas fiscales a las socimis, al diésel, a los pisos turísticos, a los seguros de salud o a los bienes de lujo.

El impuesto a la banca se ha incluido en la ley del impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales que el Congreso debía trasponer de la normativa comunitaria. El tributo bancario ya se intentó meter el pasado lunes en la larga Comisión de Hacienda que se prolongó durante más de siete horas, pero entonces no salió adelante por la abstención de ERC, BNG y Bildu.

Esta vez sí se ha aprobado tras el acuerdo con los independentistas prometiendo que en 2025 habrá un impuesto a las energéticas (aunque ha prometido lo contrario a Junts, en un ejercicio de esquizofrenia).

Lo que el PSOE no ha conseguido introducir en la ley ha sido su intento de subir la fiscalidad al diésel, que se ha visto frustrado por el voto en contra de Podemos a última hora, que se ha sumado a PP, Vox y UPN. Tampoco han prosperado la enmienda socialista para subir los impuestos a las socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), a los pisos turísticos, a las primas de seguros privados sanitarios y a los bienes de lujo.

El gravamen a la banca que se creó en un decreto de medidas por la guerra de Ucrania y que caducará el 31 de diciembre pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar. Por otro lado, el tipo se eleva al 7% para las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros, tal como habían exigido los grupos de extrema izquierda.

De este modo, el tipo sería del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.

Asimismo, la recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquél en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su Producto Interior Bruto (PIB), una filosofía que sigue el acuerdo de financiación autonómica que los socialistas pactaron con ERC en Cataluña.

El importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las autonomías de régimen común mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente, y se efectuará en el ejercicio siguiente al de recaudación del impuesto.

Otra de las enmiendas aprobadas en el Pleno es una de PSOE y Junts para que las personas en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no pierdan su pensión si acceden a un empleo y finalmente no pueden proseguir con el mismo.