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La CNMV admite a trámite la solicitud de OPA de IFM para hacerse con el 22,69% de Naturgy

Naturgy biogás
Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de autorización del fondo IFM para para la formulación de una oferta pública voluntaria parcial para adquirir hasta un 22,69% del capital de Naturgy. El organismo presidido por Rodrigo Buenaventura advierte de que esta decisión no supone un pronunciamiento sobre el resultado de la autorización de la oferta.

Según informó el supervisor bursátil, la solicitud recibe su visto bueno al entender que el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el pasado 16 de febrero, se ajustan a lo dispuesto en la normativa sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.

El organismo presidido por Rodrigo Buenaventura indicó que la admisión a trámite de la solicitud «no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma».

La adquisición que puede resultar de la oferta está sujeta a lo previsto en el artículo 7bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. De acuerdo con el artículo 26.2 del Real Decreto 1066/2007, la
CNMV no autorizará la oferta hasta que se obtenga la preceptiva
autorización previa a la que se refiere dicha Ley.

El pasado 5 de febrero, IFM presentó ante la CNMV la solicitud de autorización, incluido el folleto, de su oferta pública voluntaria y parcial para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de Naturgy por unos 5.060 millones de euros. La efectividad de la oferta está sujeta, además a recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias y de competencia, a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de al menos un 17% del capital social de la energética.

La CNMV dispone de un periodo de 20 días hábiles para aprobar la oferta desde la presentación. No obstante, este plazo se puede alargar en el tiempo, ya que se reiniciará cada vez que el organismo solicite información adicional.

Además, deberá contar con ese visto bueno del Consejo de Ministros a la operación, debido a la normativa de blindaje aprobada el año pasado por el Gobierno por la crisis del Covid-19, que permite al Ejecutivo vetar la compra por un inversor extranjero de más de un 10% de una empresa española de un sector estratégico.

El Gobierno puede impedir la OPA

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dicho que puede tener «sentido» establecer marcos que permitan controlar al sector público operaciones de tomas de participación a empresas estratégicas nacionales en el contexto actual de circunstancias «absolutamente excepcionales».

Así lo ha señalado tras pronunciar una ponencia en el Foro Económico del Diario Montañés, al ser preguntado sobre la oposición del Gobierno francés a la oferta de compra de la canadiense Couche-Tard sobre la francesa Carrefour y si ve un error poner trabas al libre comercio.

Hernández de Cos ha indicado que los países europeos han tomado este tipo de decisiones porque se dan unas circunstancias «absolutamente excepcionales» y se busca prevenir que se puedan generar «efectos no deseados» en un entorno en el que «no se puede hablar de libre comercio cuando parte del tejido productivo está sostenido por el sector público».

Por ello, cree que «puede tener sentido» establecer marcos que impidan o permitan controlar al sector público este tipo de operaciones, si bien ha matizado que a nivel estructural el libre comercio y el libre movimiento de capitales en toda la Unión Europea y con otros países «debe seguir siendo la referencia».

En Francia el Gobierno se opuso a la oferta pública de adquisición (OPA) de Couche-Tard sobre la gala Carrefour y dispone de varios instrumentos jurídicos, como la ley de inversión extranjera, que da potestad al Ejecutivo para bloquear determinadas opas. En el caso de España, el Gobierno aprobó un real decreto de reforma de la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de fuera UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos aprovechando la caída conyuntural de sus acciones en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros.

Ante la OPA del fondo australiano IFM sobre el 22,69% de Naturgy, el Gobierno indicó que analizaría con detalle la operación y el ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha abogado por un «cierto control de aquello que es estratégico», defendiendo que el Ejecutivo no puede quedar «al margen» ante la operación.

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